El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa rechazó una medida cautelar presentada por Guillermo Farana para frenar el procedimiento que derivó en su destitución como intendente de Santa Isabel. El exjefe comunal había solicitado que se suspendieran las decisiones del Concejo Deliberante y que se ordenara su restitución en el cargo.

La resolución fue firmada por los jueces de la Sala C del máximo tribunal provincial, quienes analizaron los planteos formulados por Farana contra distintas actuaciones del cuerpo legislativo local: la creación de una Comisión Investigadora, su suspensión preventiva, la aprobación del informe de esa comisión y la posterior decisión de removerlo de la intendencia.

Los argumentos del exintendente

En su presentación, Farana cuestionó la legalidad del procedimiento y sostuvo que su suspensión preventiva se dispuso antes de que existiera una investigación que la justificara. También denunció que no recibió notificaciones personales sobre esa medida ni sobre la conformación de la comisión.

Otro de los puntos planteados fue la presunta inexistencia de un expediente administrativo de investigación. Según expuso, durante una consulta realizada el 8 de mayo de 2026, dos concejales habrían reconocido que solo existían actuaciones aisladas.

Además, objetó que las ordenanzas 12/2026 y 13/2026, utilizadas como fundamento normativo del proceso, fueran posteriores a la resolución 13/2026. También cuestionó que tres concejales que integraron la comisión investigadora participaran posteriormente en la acusación y en la votación de su destitución. Para Farana, esa acumulación de funciones afectó la garantía de imparcialidad.

El exintendente también sostuvo que la decisión de removerlo se apoyó en conductas que son objeto de investigación penal, sin que existiera una acusación formal ni una condena firme, por lo que consideró vulnerado el principio de inocencia.

La postura del Concejo Deliberante

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Cristina Elena Vázquez, junto con los concejales Facundo Sol, Mariana Alejandra Frías, Margarita Inés Hernández y Brian Blanco, solicitaron que la medida cautelar fuera rechazada. La representación legal del cuerpo estuvo a cargo del abogado Raúl Alberto Quiroga.

Los ediles defendieron la actuación legislativa y señalaron que el 17 de abril, por unanimidad y con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, resolvieron constituir la Comisión Investigadora y disponer la suspensión preventiva de Farana, además de establecer su reemplazo temporal.

Entre las irregularidades que motivaron esa decisión mencionaron la falta de presentación de balances, el otorgamiento de préstamos sin autorización, la venta de vehículos municipales sin aprobación del Concejo, la falta de respuestas a pedidos de informes y las demoras en el pago de los salarios del personal municipal.

El proceso culminó el 5 de junio, durante una sesión especial a la que Farana no asistió. Minutos antes de su inicio, el entonces intendente presentó un escrito de impugnación. Luego de la lectura de su descargo y del informe elaborado por la Comisión Investigadora, el cuerpo legislativo aprobó la destitución por cinco votos afirmativos y uno negativo.

Con el rechazo de la cautelar, el Superior Tribunal desestimó por esta vía el pedido de restitución inmediata de Farana en la intendencia de Santa Isabel.