El conflicto por la ocupación de los terrenos del barrio “Nuevo Salitral” tendrá una fecha clave el próximo miércoles 28 de diciembre. Para ese día está prevista la realización la audiencia de conciliación entre las familias que ocupan los terrenos y sus propietarios.
Durante el mes de octubre, las familias presentaron una solicitud de audiencia al intendente municipal de Santa Rosa Luciano Dinapoli y al Presidente del IPAV Jorge Lezcano.
El pedido se hizo ante la demora en la convocatoria a la audiencia de conciliación, donde la jueza llamó a las partes y al Estado a generar ámbitos de acercamiento para encontrar una solución.
Las familias decidieron solicitar formalmente una instancia de diálogo, expresando una vez más la voluntad para resolver el conflicto.
En la nota presentada sostienen que “nuestra solicitud se fundamenta en la necesidad de promover el diálogo entre los distintos actores e instituciones involucradas para encontrar una solución favorable que garantice el techo a las familias”.
La presentación fue realizada por las delegadas del barrio con el acompañamiento de referentes del Polo Obrero y del MTE.
Actualmente, la causa sigue en la etapa de conciliación, instancia previa al inicio del proceso judicial propiamente dicho.
Ahora, la justicia puso fecha a esa audiencia y será el próximo 28 de diciembre. En la previa de ese encuentro, desde el entorno de los propietarios indicaron que están “dispuestos a aceptar una oferta de compra, pero aun no le han hecho llegar nada”.
Esta posibilidad tomó fuerza luego que, en la última audiencia, se abriera la puerta a la posibilidad de una venta. Las familias se ilusionan con pagar la tierra con financiación o auxilio del estado.
El abogado Homero Marqués aduce los terrenos, situados en los alrededores de las calles Niños de Ayohuma y Gobernador Duval –detrás de la laguna Don Tomás– le pertenecen a su familia y por eso impulsa el desalojo, aunque ahora no descarta una venta.
¿Cómo surgió esa posibilidad? Durante la última audiencia, realizada en septiembre, el abogado del propietario, Dardo Claudio Marqués (un primo), expuso su pretensión de desalojo y el abogado de las ocho familias demandadas, Iván Alarcón, expresó los derechos que tienen las familias y la intención de llegar a una salida alternativa.
“El estado puede intervenir, creemos que se puede llegar a un acuerdo. Pedimos que se tenga en cuenta tanto un interés como el otro. La jueza no tomó postura por ninguna de las dos partes, nos vamos conformes”, dijo el abogado de las familias.
En la audiencia, además de las familias, estuvo el secretario de Desarrollo Social del municipio, Marcos Álvarez Echeveste, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la comuna, Ana Sofía Pérez Dupont y el defensor de Niños, Niñas y Adolescencias, Juan Pablo Meaca. En la Ciudad Judicial, una movilización de vecinos y familias, además de militantes del frente Darío Santillán y el Movimiento Evita, acompañaron a las personas demandadas.
Cabe recordar que el barrio se conformó en el año 2019, en plena crisis habitacional, profundizada por la falta de construcción de viviendas sociales durante el macrismo.
En mayo de este año, empezaron a llegar notificaciones formales del pedido de desalojo a ocho de las familias.
Lo que ocurrió es que una causa que se inició en 2019 había tenido un defecto en su notificación, por lo que los impulsores de la demanda volvieron a reclamar el desalojo. Esto generó protestas y reclamos, pero las familias por ahora siguen en el lugar.