El Grupo Clarín, a través de Movistar, profundizó en los últimos días su campaña comercial en Santa Rosa con una oferta de Internet a precios inusualmente bajos, distribuida mediante volantes puerta a puerta en el barrio Butaló. La propuesta —1.000 megas por 23 mil pesos e instalación gratuita— reavivó las sospechas de prácticas de “dumping”, una estrategia destinada a desplazar a la competencia con tarifas muy por debajo del valor real para luego imponer precios elevados una vez consolidado el dominio del mercado.

La situación se suma al conflicto ya existente entre la empresa y el municipio. Pese al rechazo del Concejo Deliberante, diversas intimaciones, multas y el secuestro de vehículos por operar sin autorización, Clarín continúa instalando postes y tendido de fibra óptica en distintas zonas de la capital pampeana. Incluso, el número de contacto incluido en el folleto —con característica telefónica 261, de Mendoza— indica que la atención comercial ni siquiera se realiza desde la provincia.

En las últimas semanas, el municipio constató al menos 21 postes colocados sin habilitación y exigió su retiro. Tras la decisión del Concejo de archivar los pedidos de ampliación de la red, la Municipalidad multó a la empresa por más de 54 millones de pesos y advirtió que procederá a retirar la infraestructura si la compañía no lo hace en 30 días. El conflicto escaló al punto de que dos vehículos de la firma fueron secuestrados en menos de 24 horas por operar sin permisos y, en un caso, por estar estacionado en contramano.

Lejos de detenerse, las cuadrillas siguieron trabajando en distintos barrios, como Congreso, donde fueron vistas realizando tareas de cableado en zonas no autorizadas. Vecinas y vecinos alertaron públicamente sobre estas intervenciones para que el municipio pueda verificar su legalidad.

La Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa denunció que Movistar carece de autorización municipal y advirtió que la compra de Telefónica Argentina —y por lo tanto de Movistar— todavía no fue convalidada por la autoridad nacional de Defensa de la Competencia. Incluso, el presidente Javier Milei manifestó previamente que no avalará dicha fusión.

En este escenario, la ofensiva comercial con tarifas por debajo del mercado suma un nuevo capítulo a una disputa que combina infraestructura sin habilitación, sanciones, resistencia empresarial y un mercado de telecomunicaciones sujeto aún a revisión regulatoria.