La audiencia pública convocada para analizar el proyecto de desarrollo urbanístico impulsado por el fideicomiso Santa Rosa Rugby Club concluyó luego de tres jornadas marcadas por cuestionamientos ambientales, planteos sobre el crecimiento urbano y defensas técnicas por parte de los impulsores de la iniciativa.
Durante el encuentro, especialistas, representantes de organizaciones sociales y referentes políticos expresaron distintas posiciones respecto de la propuesta, que prevé avanzar sobre un sector vinculado al acuífero Toay-Santa Rosa-Anguil-Catriló.
Entre las voces críticas se destacó la de la geógrafa Beatriz Dillon, quien advirtió sobre los efectos de la expansión urbana impulsada por el mercado inmobiliario y cuestionó la utilidad social del emprendimiento. La investigadora sostuvo que el proyecto está orientado a un sector reducido de la población y consideró que no aporta soluciones a los problemas habitacionales ni a las dificultades de acceso al suelo urbano.
También alertó sobre posibles impactos ambientales y remarcó la importancia estratégica de preservar los recursos hídricos de la región.
En la misma línea se pronunciaron la geógrafa Leticia García y la arquitecta Antonella Mostacero, quienes manifestaron preocupación por la situación del abastecimiento de agua en la ciudad y plantearon que resulta necesario profundizar los estudios sobre el acuífero antes de habilitar nuevos desarrollos. Además, consideraron que garantizar servicios para nuevos loteos mientras existen dificultades en otros sectores urbanos podría profundizar desigualdades.
Por su parte, el concejal Diego Camargo sostuvo que la decisión final será política, pero pidió actuar con cautela y postergar cualquier avance hasta contar con información técnica adicional. En particular, reclamó la realización de estudios hidrogeológicos que permitan evaluar con mayor precisión los posibles impactos sobre el recurso hídrico.
Representantes de organizaciones sociales y profesionales independientes también expresaron reparos vinculados al riesgo ambiental, la contaminación y la fragmentación urbana que podría generar el emprendimiento.
Desde la otra vereda, el abogado del fideicomiso, Diego Núñez, defendió la iniciativa y aseguró que el proyecto se ajusta a la normativa vigente. Explicó que la discusión actual se centra en una modificación de la planificación urbana y no en la aprobación definitiva del loteo.
Además, sostuvo que los estudios realizados indican que el emprendimiento no provocaría problemas significativos en el suministro de agua y remarcó que las obras de infraestructura necesarias serían financiadas por los desarrolladores privados, sin costos para el municipio.
En respaldo de esa postura, el geólogo Gustavo Fábregas explicó los resultados de un estudio de riesgo hídrico y geológico elaborado para el proyecto. Según indicó, la zona donde se prevé el desarrollo presenta una recarga muy baja del acuífero y las características del terreno permitirían implementar sistemas de tratamiento individuales con controles ambientales específicos.
El especialista consideró que la propuesta podría transformarse en una experiencia piloto para aplicar estándares ambientales más exigentes que los actualmente vigentes en otros sectores urbanizados.
Tras el cierre de la audiencia pública, el debate continuará en el ámbito político y técnico, donde deberán evaluarse los informes disponibles y definirse los próximos pasos respecto del proyecto urbanístico.