El Frente Sindical Unidad (Fresu), integrado por las dos CTA y sindicatos de la CGT, convocó a un paro y a una concentración para este viernes a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, en rechazo al tratamiento de la reforma laboral que será debatida en la Cámara de Senadores tras las modificaciones introducidas en Diputados. De la convocatoria en la capital pampeana participan la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la intersindical.

Carlos Urmente, de la CTA de los Trabajadores, afirmó que cada organización llevará adelante la medida con su propia metodología, pero remarcó que el objetivo central es repudiar la reforma laboral y a los legisladores nacionales que la voten. Sostuvo que la iniciativa afecta de manera directa la dignidad de las y los trabajadores y cuestionó con dureza a quienes acompañen su aprobación.

Desde ATE, Blanca Oyarzún informó que el sindicato adhiere al paro nacional de 24 horas convocado por ATE Nacional, que en La Pampa se iniciará a las 0 del viernes. La medida incluirá una concentración y movilización junto al resto de las centrales sindicales en la plaza central de la ciudad.

La titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Susana Funes, señaló que desde la intersindical se convoca a un paro desde las 9 del viernes con movilización, al considerar esencial visibilizar el rechazo a una reforma que calificó como regresiva. Advirtió que no solo impactará en el ámbito privado, sino también en el sector público, ya que algunos artículos prevén efectos directos sobre las condiciones laborales del Estado.

Funes sostuvo que el movimiento obrero conquistó derechos a través de la lucha y la movilización, y que permanecer pasivos frente a este escenario implica avalar un retroceso. En ese sentido, remarcó la necesidad de salir a la calle para defender conquistas históricas que hoy, afirmó, están en riesgo.

Por su parte, Santiago Audisio, de la CTA Autónoma, ratificó la medida de fuerza y cuestionó la reforma impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei. Consideró que la iniciativa representa un retroceso a etapas previas a la consolidación de los derechos laborales y advirtió que beneficiará a los sectores económicos concentrados y a las patronales. Además, alertó que la revisión de los convenios colectivos podría derivar en una pérdida generalizada de derechos para trabajadores del sector privado y público.