En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, distintas organizaciones sociales, gremiales y feministas marcharon por el centro de Santa Rosa para exigir políticas públicas efectivas frente a la violencia machista. Durante la lectura del documento consensuado, denunciaron que “el Estado termina dejando a las víctimas sin amparo, sin recursos y sin acompañamiento”.

Durante la jornada, la Asamblea Organizativa del 25N llevó adelante diversas actividades: por la mañana se colocó un banco rojo en la sede de Utelpa y, por la tarde, las agrupaciones se concentraron en la plaza San Martín, donde se presentó el documento antes de iniciar la movilización. La lectura se realizó en las escalinatas de la UNLPam, con la participación de referentes de organizaciones sociales y sindicatos.

El documento advirtió que la fecha constituye “una respuesta política y colectiva” y presentó números alarmantes: hasta el 24 de noviembre se registraron en el país 191 femicidios, 25 femicidios vinculados, cuatro transfemicidios y ocho instigaciones al suicidio. “En Argentina se intenta cometer un femicidio cada 26 horas”, remarcaron. También señalaron que “el odio, la violencia y la desidia estatal dejan como resultado una mujer o una persona trans asesinada cada 36 horas”.

Críticas a los diferentes niveles del Estado

La Asamblea apuntó con dureza al gobierno nacional, denunciando el desmantelamiento de programas de acompañamiento, el cierre del Ministerio de la Mujer, la paralización de la Línea 144 y la precarización de políticas esenciales vinculadas a derechos sexuales y reproductivos. Advirtieron que “las respuestas estatales son cada vez más lentas e insuficientes” y que el impacto de estas decisiones se siente “con crudeza en los territorios”.

También señalaron deudas pendientes tanto del Gobierno provincial como del municipal. Recordaron que en La Pampa sigue sin tratarse un proyecto presentado en 2019 que permitiría a víctimas de violencia trabajar en el lugar donde su agresor fue cesanteado tras una sentencia firme. Para las organizaciones, “su falta de tratamiento expresa una decisión política”.

Respecto al municipio de Santa Rosa, reclamaron la creación y continuidad del Consejo Municipal de Políticas de Género, una “deuda histórica” que —según subrayaron— depende de la voluntad de cada gestión. En ese sentido, exigieron sancionar la ordenanza que garantice su funcionamiento. También cuestionaron la demora en la puesta en marcha del Centro Territorial Integral en la capital provincial, calificando la situación como “desidia estatal inadmisible”.

Las organizaciones además reiteraron la necesidad de aplicar un programa específico para la protección de víctimas de trata y explotación sexual. “Es el Estado quien termina dejando a las víctimas sin amparo, sin recursos y sin acompañamiento, y eso también es violencia institucional”, señalaron.

Con contundencia, afirmaron: “Las luchas son profundamente políticas. No vamos a aceptar el desmantelamiento de nuestras conquistas ni el avance de discursos negacionistas que buscan culpabilizarnos, aislarnos o disciplinarnos”.

Reclamo a la Municipalidad de Santa Rosa

En el cierre del documento, denunciaron que el municipio no garantizó la iluminación en La Glorieta de la plaza —espacio previsto para actividades de la jornada— ni el boleto gratuito para mujeres en el transporte público. “¿Para qué declaran de interés municipal la manifestación si después boicotean las actividades?”, cuestionaron.

Respuesta del Gobierno provincial

La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa emitió un comunicado donde reafirmó su compromiso con la prevención de las violencias. Destacó que una de cada tres mujeres en el mundo sufrió o sufre violencia de género, y sostuvo que esa realidad exige “empatía, cuidado y acción colectiva”.

“Prevenir es cuidar”, afirmó la secretaria Gabriela Labourié, quien remarcó la importancia de fortalecer dispositivos de atención, promover vínculos saludables y mantener presencia activa en todo el territorio provincial. Según señaló, ninguna política puede sostenerse sin la articulación entre el Estado, las instituciones y la comunidad.

La marcha cerró con un mensaje claro: la organización colectiva seguirá exigiendo políticas públicas estables, con presupuesto y perspectiva de derechos, porque “nuestras vidas importan y nuestros derechos no se negocian”.