Una intervención municipal sobre un terreno ubicado en el barrio Villa Martita generó una nueva controversia entre la Municipalidad de Santa Rosa y el empresario Javier Catoni. El conflicto surgió luego de que inspectores comunales realizaran una inspección y dispusieran la clausura de una obra por presuntas irregularidades administrativas.
El predio se encuentra sobre la calle Marco Polo, entre Poetas Pampeanos y Ferreyra, donde recientemente se llevaron adelante tareas de limpieza y comenzó la construcción de una medianera.
Desde el municipio informaron que la actuación se originó a partir de una denuncia vinculada a una obra que no habría sido declarada ante la Dirección de Obras Particulares. Según explicaron, durante la inspección se constató la falta de documentación correspondiente, por lo que se procedió a labrar un acta y ordenar la clausura preventiva de los trabajos.
Además, señalaron que la intervención estuvo respaldada por planteos realizados por vecinos de la zona, quienes manifestaron preocupación ante versiones que indicaban que en el lugar podría instalarse un refugio canino, una actividad que, según indicaron, no estaría permitida dentro de un sector destinado a uso residencial.
Por su parte, Javier Catoni rechazó la versión oficial y aseguró que la obra continúa desarrollándose con normalidad. El empresario sostuvo que se trata de una construcción privada destinada a uso residencial y negó que exista una clausura efectiva del lugar.
Según explicó, el proyecto podría destinarse a una vivienda particular, ser alquilado o vendido en el futuro, y consideró que las especulaciones sobre el destino del terreno carecen de fundamento.
A través de un video difundido en redes sociales, Catoni mostró el avance de los trabajos y afirmó que en el predio continúan operando empleados, maquinaria y personal de obra. También cuestionó las versiones difundidas sobre el caso y calificó la situación como una persecución política.
Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y podría derivar en nuevas actuaciones administrativas para determinar si la obra cumple con los requisitos exigidos por la normativa municipal vigente.

