El presidente Javier Milei anticipó que vetará la ley aprobada por el Congreso que prorroga por dos años la moratoria previsional, una herramienta clave que permite jubilarse a quienes no completaron los 30 años de aportes. La decisión amenaza con dejar sin acceso al beneficio a más de 220 mil personas en todo el país, y alrededor de 2.500 en La Pampa.

El proyecto, que obtuvo mayoría en el Senado, busca restituir la vigencia del sistema que venció el 23 de marzo pasado, permitiendo la regularización de períodos no aportados para quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria. Pero Milei advirtió que lo vetará, al igual que el aumento del 7,2% para los haberes previsionales, también aprobado por el Congreso.

Impacto en La Pampa

Según estimaciones del Centro Provincial de Inclusión Previsional (Cepip), alrededor de 2.500 pampeanos quedarían sin la posibilidad de jubilarse si se concreta el veto. “Nueve de cada diez mujeres necesitan la moratoria para poder jubilarse; y en el caso de los hombres, ocho de cada diez”, señaló el coordinador del Cepip, Raúl Cuevas.

El impacto de la moratoria quedó demostrado en los datos oficiales. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, 5.133 pampeanos accedieron a la jubilación mediante este régimen. Además, en diciembre de 2024 se pagaron en la provincia 34.789 jubilaciones y 1.944 pensiones derivadas de moratorias.

La diputada pampeana Varinia Marín recordó que en 2024, de las 3.462 solicitudes de jubilación presentadas en La Pampa, 1.725 se resolvieron mediante la moratoria. En los primeros meses de 2025, antes de que cayera la vigencia de la ley, otras 473 personas la utilizaron.

Alternativa insuficiente

En caso de no contar con la moratoria, quienes cumplan 65 años solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de una jubilación mínima. Esta opción, además, no otorga derecho a pensión para cónyuges o hijos en caso de fallecimiento.

“Es lo que pretende Milei: que haya algo, pero que sea ínfimo y no trasladable, como una jubilación común”, criticó Marín, quien también señaló que si bien se buscará revertir el veto en el Congreso, “está difícil juntar los dos tercios necesarios”.

La decisión del Ejecutivo Nacional pone en jaque los derechos previsionales de miles de personas que no lograron completar los aportes, en un contexto donde el empleo informal y la inestabilidad laboral dificultan alcanzar los requisitos exigidos por el sistema jubilatorio.