El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, rechazó dos recusaciones que buscaban apartarlo de la causa iniciada por La Pampa para cuestionar el Decreto 982/2026, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso que Mendoza perciba el total de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

La decisión mantiene vigente, por el momento, la medida cautelar dictada por Baric, que había suspendido los efectos del decreto presidencial al considerar que podía afectar derechos de la provincia de La Pampa.

Las recusaciones fueron presentadas por el mismo abogado. Una de ellas fue planteada sin expresión de causa, una posibilidad contemplada en determinados procesos civiles pero que no resulta aplicable, según el magistrado, al trámite sumarísimo utilizado en este expediente.

La segunda recusación sí invocó una causa concreta. El planteo cuestionó que Baric hubiera utilizado en tres oportunidades la expresión “nuestra provincia” al referirse a La Pampa dentro de su resolución. El argumento sostuvo que esa expresión podía revelar un supuesto vínculo emocional con la jurisdicción en la que ejerce como juez federal.

Baric rechazó ese planteo y sostuvo que la expresión utilizada hacía referencia a una ubicación geográfica y no a una cuestión de pertenencia. El magistrado, además, no es oriundo de La Pampa.

Ahora será la Cámara Federal de Bahía Blanca la que deberá resolver si acepta o rechaza las recusaciones. El tribunal tiene un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse. Mientras tanto, podría designarse mediante sorteo a otro magistrado para garantizar la continuidad del trámite.

El origen de la disputa

La controversia comenzó después de que el Gobierno nacional dictara el Decreto 982/2026, que modificó el esquema de distribución de las regalías provenientes de la generación eléctrica de Los Nihuiles y estableció que el 100% quedara en manos de Mendoza.

La Pampa sostiene que tiene derecho a continuar percibiendo la mitad de esos recursos. El esquema de distribución se encuentra vigente desde 1973 y fue ratificado posteriormente mediante un acuerdo firmado en 1992 por los entonces gobernadores Rubén Marín y Rodolfo Gabrielli.

Ese convenio fue aprobado por las Legislaturas de ambas provincias y homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mendoza, en cambio, sostiene que las regalías hidroeléctricas deben corresponder a la provincia en cuyo territorio se encuentra la fuente de generación. La discusión también se encuentra vinculada con un expediente que la provincia mantiene ante la Corte Suprema desde 2022.

Cruces entre La Pampa y Mendoza

El conflicto volvió a escalar luego de las declaraciones del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien cuestionó la intervención de la Justicia Federal de Santa Rosa y sostuvo que tanto Mendoza como el Gobierno nacional habían solicitado que el juzgado pampeano se apartara de la causa por considerar que no tiene competencia.

Cornejo planteó que la discusión debía continuar en la Corte Suprema, donde Mendoza ya había iniciado un expediente relacionado con las regalías.

La respuesta llegó desde el Gobierno pampeano. El secretario general de la Gobernación, José Vanini, cuestionó que el mandatario mendocino conociera el contenido de un escrito que, según afirmó, todavía no estaba disponible para las partes en el sistema judicial.

Vanini sostuvo además que Mendoza no habría conseguido avanzar con su planteo ante la Corte y acusó a la provincia de recurrir a gestiones ante el Gobierno nacional para modificar la situación.

El gobernador Sergio Ziliotto ya había cuestionado el decreto presidencial cuando se conoció la decisión de transferir a Mendoza el total de las regalías.

También intervino en la discusión el constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez, quien cuestionó los argumentos utilizados para sostener la falta de competencia del juzgado federal de Santa Rosa.

El abogado señaló que existen antecedentes de la Corte Suprema que admiten la intervención de tribunales federales inferiores en determinadas circunstancias y remarcó que la causa iniciada por Mendoza ante el máximo tribunal no tendría como objeto específico impugnar el Decreto 982/2026.

De esta manera, mientras la Cámara Federal de Bahía Blanca analiza las recusaciones contra Baric, la cautelar que suspendió los efectos del decreto nacional continúa vigente y el conflicto por la distribución de las regalías de Los Nihuiles sigue abierto en distintos ámbitos judiciales.