Las empresas Radio Taxi La Terminal y Radio Taxi Centro, junto al Sindicato de Peones de Taxis (Sipetax), presentaron nuevas notas al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante de Santa Rosa para exigir medidas urgentes que frenen la actividad de Uber en la capital pampeana. Aseguran que, de no haber respuestas, el municipio podría enfrentar consecuencias legales.

En un documento titulado “Informe integral sobre la irrupción de la plataforma Uber y su impacto en el servicio de taxis de Santa Rosa, La Pampa”, los representantes del sector describen la crisis económica y laboral que atraviesa la actividad desde la llegada de la aplicación. En el texto responsabilizan al municipio por “inacción ante la operación irregular de Uber” y advierten sobre las consecuencias que esto genera para los choferes y titulares de licencias.

Los taxistas remarcan que la app opera en la ciudad sin autorización municipal, evadiendo controles, tributos y regulaciones que sí deben cumplir los taxis tradicionales. “Uber aplica estrategias que afectan la viabilidad económica del servicio formal: elude tarifas reguladas, no cumple con seguros obligatorios ni normas laborales y carece de control sobre la calidad del servicio”, señalaron.

Según el sector, el municipio tiene competencia exclusiva para regular el transporte público de pasajeros, incluyendo los servicios de intermediación de viajes, y su falta de intervención constituye una negligencia administrativa. Además, sostienen que la omisión de controles sobre seguros y habilitaciones “podría implicar responsabilidad civil y administrativa” para los funcionarios intervinientes.

El documento enumera los efectos que la presencia de Uber ha tenido sobre el rubro: pérdida de ingresos, despidos, devolución de licencias, inestabilidad laboral y mayor precarización. Por eso, las entidades solicitaron al municipio la adopción de medidas concretas, entre ellas:

Presentar medidas cautelares o amparos judiciales para suspender la actividad de Uber hasta que cumpla las normativas locales.

Declarar en crisis al servicio de taxis y establecer medidas de protección económica y administrativa.

Intensificar los controles y la fiscalización.

Exigir la acreditación del seguro comercial a todos los vehículos que transporten pasajeros.

También cuestionaron al Concejo Deliberante, que había sostenido que el municipio carecía de autoridad para regular a las plataformas digitales. “Tal argumento carece de validez legal y administrativa —afirmaron—. El municipio no solo tiene competencia, sino la obligación de actuar en defensa del transporte público formal y de la seguridad de los ciudadanos.”

Finalmente, citaron como ejemplo el caso de Mendoza, donde Uber fue regulada mediante la exigencia de seguros y habilitaciones específicas. “Si una empresa desconoce la autoridad local, eso no debe ser motivo para renunciar a ejercerla, sino para reafirmarla”, concluyeron los taxistas.