Los y las trabajadoras de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que comprende la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección de prevención y asistencia a la Violencia Familiar, Dirección de Discapacidad y Dirección de Personas Mayores, reclamaron este viernes por el reconocimiento de sus tareas, que implican la exposición constante a situaciones socio-familiares críticas y de riesgo. Exigen al gobierno provincial la apertura de una paritaria sectorial.
“Necesitamos que se generen más cargos para los monotributistas que ingresaron en el último periodo”, reclamó Roxana Rechimont, Secretaria General de ATE. “Una Ley específica para el sector, adicionales, un Régimen especial”, amplió.
“También trabajar en un proyecto sobre la reducción de la edad jubilatoria”. “Pedimos recategorizaciones y concursos”, concluyó la gremialista, es parte de la listas de las demandas.
Nuestras intervenciones conllevan la restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad y para alcanzar este objetivo se orientan los abordajes con grupos familiares signados por la amenaza o vulneración de sus derechos, explicaron en un comunicado a la prensa.
Nuestra tarea, que contribuye al bienestar social y el ejercicio pleno de derechos no es reconocida ni en lo económico, ni en la diferenciación correspondiente con las tareas administrativas. A saber, nos encontramos enmarcados en la ley de la administración pública N° 643, que no cuenta con una rama profesional, la cual ha sido derogada por decreto durante la última dictadura militar. Los sucesivos gobiernos democráticos no han revertido esta situación hasta el momento.
Por otra parte, los salarios se encuentran por debajo de la canasta básica familiar, que ha sido valuada en 104.000 pesos. A los fines de alcanzar un ingreso que supere esos montos, se realizan compensaciones salariales a través de guardias pasivas (que deben realizarse como contraprestación) u horas extras, que siempre quedan sujetas a la discrecionalidad de los directivos de cada área.
A su vez, no se reconoce el riesgo psico-físico que implica el abordaje de situaciones en contexto comunitario, donde la exposición de los equipos a situaciones de violencia, consumo problemático de sustancias psicoactivas, crisis familiares, etc, es cotidiana, sin poder prever los riesgos y consecuencias a las que nos exponemos en cada entrevista.
Las y los profesionales y operadores comunitarios, debido al tiempo de exposición a estas tareas de riesgo, consideramos necesario disponer de un régimen de licencias especiales, obrando como antecedentes las licencias profilácticas o de recuperación.
Por otro lado, consideramos de suma importancia, acceder a la reducción de la edad jubilatoria debido al desgaste psico-físico que implica poner el cuerpo en las tareas que llevamos adelante.
Por último, reclamamos el pase a planta permanente de todos y todas las y los trabajadores monotributistas. Cabe recordar, que desde el año 2015 llevamos adelante la lucha y el reclamo que posibilitó el pase a planta permanente de muchos compañeros y compañeras bajo el marco normativo de la Ley N° 2871. Luego de unos años se regularizó la situación laboral pasando gradualmente a la Ley N° 643. Sin embargo, durante todo este periodo se continuaron y continúan contratando trabajadores monotributistas con la precarización laboral que implica esa condición de contratación.