El represor pampeano, Carlos Roberto Reinhart, quien recibió días atrás la libertad condicional, fue escrachado con carteles colocados en columnas del barrio Villa Alonso de Santa Rosa.
“Cuidado: en este barrio vive un represor”, alerta uno de los carteles pegados sobre una columna, mientras que otro tiene una foto del represor y expresa: “Reinhart torturador”.
En otra de las esquinas de Villa Alonso, en Santa Fe y Pueyrredón, uno de los afiches dice: “Cuidado: represor suelto”, con una foto de Reinhart.
La semana pasada quedó en libertad el represor Carlos Roberto Reinhart, el último condenado pampeano por delitos de lesa humanidad que todavía permanecía encarcelado en la Unidad Penal de Santa Rosa. El ex policía, encargado de aplicar la picana eléctrica en la Seccional Primera antes y durante la última dictadura cívico militar, tiene hoy 73 años y llevaba cumplidos 17 años y 6 meses de prisión efectiva.
Libertad condicional.
La libertad condicional es un derecho establecido en el Artículo 13 del Código Penal. El encargado de resolver la petición presentada por la defensora Laura Beatriz Armagno fue el juez de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Marcos Aguerrido. En su fallo recordó que la libertad condicional “no es una simple ‘gracia’ o beneficio excepcional que se concede al penado sino un verdadero ‘derecho’ que no puede ser negado discrecionalmente por el juez”.
Si bien tomó en cuenta “la legítima oposición manifestada por las víctimas, entrevistadas en distintas oportunidades”, Aguerrido también entendió que “impedir el acceso a la libertad condicional discrecionalmente, en contra de la ley y cuando están debidamente cumplidos todos los requisitos legales, no resulta posible jurídicamente y desnaturalizaría el fin resocializador de la pena. La norma no admite diferencias en cuanto a la finalidad de la ejecución penal para estos casos”, concluyó.
Reinhart estaba condenado a 25 años de prisión, pena unificada que obtuvo sentencia firme en marzo de este año, tras haber sido hallado culpable de crímenes perpetrados durante la última dictadura y juzgados en los tres procesos orales que investigaron la actuación en la Subzona 14. Los dos tercios de su pena (16 años y 8 meses) se habían cumplido el 29 de febrero de este año.