Miguel Ãngel Roldán Pereyra, quien alguna vez estuvo tras las rejas cumpliendo prisión perpetua por un crimen que no cometió, no logró que la justicia le diera la razón en una demanda por daños y perjuicios contra el Estado pampeano. La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró definitivamente el caso al rechazar el recurso extraordinario con el que buscaba revertir el fallo que lo dejó sin compensación.
La historia se remonta a 2009, cuando Roldán Pereyra fue condenado junto a Oscar Ceferino Paulino por el brutal asesinato del empresario español Moneo Simón. Ambos recibieron la pena máxima, acusados de haber actuado como coautores del homicidio, doblemente calificado por alevosía y por haberse cometido para ocultar otro delito.
Sin embargo, la defensa de Roldán insistió desde el principio en que la causa estaba viciada por irregularidades graves. Uno de los puntos clave fue una declaración que el acusado dio ante el juez instructor Jorge Howe, señalando el lugar donde se hallaba enterrado el cuerpo de la víctima. Según sus abogados, ese testimonio fue tomado sin la presencia de un defensor y bajo una supuesta coerción física, lo que dejó marcas visibles en su cuerpo.
La defensa calificó esa actuación judicial como una violación flagrante a garantías constitucionales básicas, como el derecho a no declarar contra uno mismo y el principio de inocencia. A pesar de haber advertido al magistrado en reiteradas oportunidades, sus reclamos fueron ignorados durante la instrucción.
Fue recién cuando el caso llegó al Tribunal de Impugnación Penal (TIP) que esos argumentos tomaron fuerza. Los jueces Verónica Fantini y Pablo Balaguer hicieron lugar al recurso presentado por la defensa y anularon la prueba clave que había llevado a Roldán Pereyra al banquillo. Con base en la doctrina de la “fruta del árbol prohibido” ””que establece que no puede utilizarse prueba obtenida en violación de derechos fundamentales””, el TIP lo absolvió. Paulino, en cambio, permaneció condenado.
Ya en libertad, Roldán Pereyra llevó su reclamo a la Justicia Civil: demandó a la Provincia de La Pampa por los daños sufridos durante su injusta detención. Sin embargo, el camino no fue más amable en esa instancia. Primero fue la Cámara Civil de Apelaciones la que le cerró la puerta. Luego el Superior Tribunal de Justicia provincial ratificó ese fallo. Finalmente, la Corte Suprema nacional ””con las firmas de Rosatti, Lorenzetti y Rosenkratz”” declaró inadmisible su último intento, amparándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
La historia judicial de Miguel Ãngel Roldán Pereyra terminó así con un sabor amargo: libre de culpa, pero sin reparación.