El conflicto en el sistema universitario nacional se profundiza con el inicio de un paro docente durante toda esta semana, mientras informes económicos advierten sobre una fuerte caída real del presupuesto desde la llegada del gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y cuenta con la adhesión de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) y de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de La Pampa (Apulp). El paro se extenderá hasta el viernes, mientras que el personal no docente realizará una huelga por 24 horas.

La decisión fue tomada durante un congreso de Conadu realizado la semana pasada, donde se resolvió profundizar el plan de lucha. Además del paro actual, también se anunciaron nuevas medidas para las semanas que comienzan el 30 de marzo y el 27 de abril.

En ese marco, también se acordó convocar a una nueva marcha federal universitaria para el 23 de abril, en coordinación con el Frente Sindical Universitario, estudiantes y distintos sectores de la comunidad académica.

Los gremios reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025. La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre, pero posteriormente el Congreso insistió con su aprobación el 2 de octubre. Sin embargo, el Gobierno nacional suspendió su aplicación mediante el decreto 759/2025 alegando falta de financiamiento, pese a que la ley contemplaba mecanismos para realizar adecuaciones presupuestarias.

Posteriormente, el 23 de diciembre la Justicia ordenó aplicar la norma. Para evitar su implementación, el Ejecutivo envió en febrero de este año un proyecto al Congreso para modificarla.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que el presupuesto universitario sufrió un ajuste real del 28,7 % entre 2023 y 2025 y alcanza una caída del 45,6 % si se compara el presupuesto vigente de 2026 con el nivel de 2023.

Según ese estudio, si se aplicara plenamente la ley impulsada por los gremios, el presupuesto universitario crecería 35,1 % respecto de 2025 y quedaría apenas 3,6 % por debajo del nivel de 2023, recuperando casi totalmente el financiamiento previo al ajuste.

En cambio, el proyecto presentado por el Gobierno implicaría nuevas caídas: 14,2 % respecto de 2025 y 38,8 % frente a 2023.

El informe también advierte que el mayor impacto del ajuste se produjo sobre los salarios, que representan cerca del 87 % del gasto universitario. Entre 2023 y 2026, los ingresos del personal docente y no docente registraron una caída real del 43,2 %.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, el recorte acumulado llega al 57,1 %, con reducciones superiores al 70 % en programas vinculados al desarrollo universitario y a la ciencia y tecnología.

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, reconoció que existe un fuerte malestar dentro de la comunidad universitaria. En declaraciones periodísticas señaló que docentes y trabajadores no docentes están enojados por la pérdida del poder adquisitivo, la falta de paritarias y el incumplimiento de la ley de financiamiento.

Alpa sostuvo que la pérdida salarial supera el 40 % y advirtió que la situación ya provoca renuncias de profesionales jóvenes que buscan otras oportunidades laborales. Según explicó, muchos de ellos estaban en proceso de formación académica y experiencia dentro de las universidades.

“El problema no es solo que el salario no alcanza, sino que hay personas que tienen que buscar otro trabajo o directamente dejar la universidad”, señaló.

También recordó que desde el Consejo Interuniversitario Nacional reclamaron reiteradamente la apertura de paritarias al Gobierno nacional, sin obtener respuesta hasta el momento.

En ese contexto, los rectores y rectoras de universidades de todo el país se reunirán el próximo 27 de marzo en Santa Rosa para analizar la situación del sistema universitario y evaluar los pasos a seguir frente al nuevo proyecto de financiamiento impulsado por el Ejecutivo.