El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa comenzó a analizar un proyecto que crea el Régimen Especial de Cursado para estudiantes que trabajan y/o tienen familiares a cargo. La iniciativa, autoría de los consejeros superiores Luján Junquera y Tadeo Prieto, ingresó en la sesión del pasado 5 de julio y fue girado a comisión.
Actualmente en la Universidad Nacional de La Pampa no existe ninguna normativa que contemple a este grupo de estudiantes. La creación de este Régimen implica dar una respuesta concreta a una problemática que existe y afecta la trayectoria universitaria.
“Con la normativa presentada se busca mayor flexibilidad para cursar, que es lo que más nos cuesta a la hora de trabajar”, explicó Junquera. El proyecto prevé un porcentaje menor de asistencia quienes trabajan o tienen personas a cargo junto con la prioridad a la hora de elegir comisiones de prácticos. Otro punto destacado es la reprogramación de instancia evaluatorias. “A veces por horarios de trabajo no se puede venir al parcial, y tenés que ir a rendir directamente el recuperatorio. Perdés una instancia, y hay mayores posibilidades de perder la materia y quedarte afuera”, dijo.
El régimen se basa en una serie de flexibilizaciones al momento de cursar como prioridad para elegir comisiones, justificación de inasistencias, reprogramación de instancias evaluatorias, posibilidad de realizar trabajos grupales individuales, entre las más importantes.
Según el Anuario 2021 de la UNLPam en promedio el 35.6% de estudiantes trabaja; conformado el 71,70% por mujeres y el 28,30% por hombres. Y a partir del Informe “Ingresantes año 2022 del Departamento de Estadística – UNLPam”, se conoció que el 34 % de las y los ingresantes declaró que está trabajando y el 27% que no trabaja, pero que lo busca. Datos que demuestran la importancia de generar políticas de inclusión que atiendan a las realidades de las y los estudiantes.
La Universidad está trabajando el tema de la permanencia y egreso de sus estudiantes impulsando carreras cortas como tecnicaturas con rápida inserción laboral, pero no queremos que sea la única opción. Queremos que cualquier persona que desee realizar una carrera de grado pueda hacerlo y que trabajar o tener familia no sea un impedimento. El espíritu del proyecto es generar una política de inclusión social para poder garantizar el derecho a la educación para todas y todos.
Junquera comentó que si bien el Consejo Superior no puede incidir en las cuestiones académicas de cada Facultad. Ésta es una problemática transversal, por eso se trabaja en el órgano superior de la Universidad. De aprobarse el proyecto, el Consejo Directivo de cada Facultad deberá readaptar la norma.
“Es un proyecto de consenso, tiene el apoyo de docentes, decanos y decanas. La universidad también está dispuesta a llevarlo a cabo, entienden que es una problemática a resolver en la permanencia de los y las estudiantes”, concluyó.
Fuente: “El Diario”