El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa solicitaron adherirse al denominado régimen simplificado de Ganancias, una herramienta creada por la llamada Ley de Inocencia Fiscal que permite tributar sobre los ingresos declarados sin que el cálculo del impuesto considere las variaciones patrimoniales registradas durante el período fiscal.

La decisión se conoció mientras continúan las investigaciones y cuestionamientos públicos vinculados al crecimiento de su patrimonio y a distintos gastos que, según denuncias y publicaciones periodísticas, no tendrían una explicación clara en relación con los ingresos declarados por la pareja.

En los últimos meses, la situación patrimonial de Adorni quedó bajo la lupa a raíz de denuncias, pedidos de informes y actuaciones judiciales relacionadas con la compra de inmuebles, reformas en propiedades, viajes y otros gastos que motivaron pedidos de explicaciones por parte de sectores de la oposición.

Desde el oficialismo sostienen que el funcionario actuó dentro del marco legal vigente y que presentará la documentación correspondiente para acreditar la evolución de sus bienes. El propio Adorni afirmó en distintas oportunidades que no tiene nada que ocultar y que la información requerida fue puesta a disposición de los organismos competentes.

Por otro lado, los cuestionamientos se centran en determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado durante los últimos años. Distintos expedientes y pedidos de investigación buscan establecer el origen de los fondos utilizados para adquisiciones y gastos que fueron objeto de debate público.

Mientras tanto, la polémica continúa generando repercusiones políticas y judiciales, a la espera de nuevas presentaciones patrimoniales y de los resultados de las investigaciones en curso.