Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del Protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional denunció un grave deterioro de la libertad de expresión y del derecho a la protesta en el país, con más de 2.500 personas heridas en manifestaciones y un aumento sostenido de la represión estatal.

La Resolución 943/2023, denominada oficialmente “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y considera delito toda manifestación que afecte la circulación. La normativa habilita desalojos y detenciones sin orden judicial, en contradicción con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos.

“La escalada represiva es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

Según registros de organizaciones de derechos humanos, entre 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas heridas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, incluyendo disparos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.

Los datos reflejan un fuerte incremento de la represión. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y 165 detenidas, mientras que en todo 2024 se habían contabilizado 1.216 heridos y 93 detenciones. Esto implica un aumento del 77% en las detenciones, en su mayoría consideradas arbitrarias y sin pruebas suficientes.

También se documentaron cuatro casos de pérdida ocular permanente por disparos de balas de goma. Entre los hechos más graves, el 12 de marzo de 2025 Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados. En noviembre del mismo año, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció una lesión similar en una manifestación en las inmediaciones del Congreso Nacional.

La represión también alcanzó al trabajo periodístico. Al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron heridos y varios fueron detenidos de manera arbitraria mientras cubrían protestas. Amnistía Internacional advirtió que estos ataques buscan un efecto silenciador, con el objetivo de desalentar tanto la protesta como su registro.

El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una movilización. La Justicia identificó y procesó al gendarme que efectuó el disparo, a partir de material aportado por el Mapa de la Policía.

Frente a este escenario, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos impulsan una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes. Sostienen que el Poder Judicial debe garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y poner fin a una normativa que vulnera la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos.