Especialistas advirtieron que el proyecto de reforma de la Ley de Tierras que se debate en el Senado podría generar un aumento en el precio de los campos, favorecer una mayor concentración de la propiedad rural y dificultar el acceso a la tierra para pequeños y medianos productores.

La iniciativa impulsada por el oficialismo propone eliminar el límite que actualmente establece que hasta el 15% de las tierras rurales del país pueden estar en manos de propietarios extranjeros, además de suprimir restricciones por nacionalidad y superficie.

Según un informe citado por el medio El Destape, la medida podría profundizar el proceso de extranjerización de la tierra, especialmente en regiones estratégicas como la cuenca del río Paraná, donde provincias como Misiones, Corrientes y Entre Ríos ya registran una importante participación de capitales extranjeros.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, alrededor de 62 millones de hectáreas, equivalentes al 35% del territorio nacional, pertenecen a poco más de 1.200 grandes propietarios, que representan apenas el 0,1% del total de dueños privados.

Uno de los especialistas consultados, Pablo Volkind, coordinador del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sostuvo que la eliminación de los límites podría incrementar la demanda de campos por parte de inversores extranjeros y, como consecuencia, elevar el valor de la tierra.

A su entender, ese escenario dificultaría aún más el acceso a la propiedad para pequeños y medianos productores y agravaría los conflictos territoriales que enfrentan distintas comunidades rurales e indígenas.

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas también expresó reparos sobre el proyecto al considerar que reduce las herramientas de control del Estado sobre la propiedad de tierras rurales. Entre otros cambios, la iniciativa contempla la eliminación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, organismo encargado del seguimiento de la normativa vigente.

Los especialistas además alertaron sobre un posible crecimiento de las compras con fines especulativos, mediante la adquisición de campos para su posterior reventa a mayor valor, y señalaron que ese proceso podría intensificar la concentración de la tierra y el desplazamiento de producciones tradicionales en distintas regiones del país.

El proyecto continúa en tratamiento parlamentario y su debate reavivó la discusión sobre el acceso a la tierra, la protección de los recursos naturales y el rol del Estado en la regulación de la propiedad rural.