Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que durante 2025 la Administración Pública Nacional registró una caída real del gasto del 29% interanual en comparación con 2023, evidenciando un ajuste profundo en áreas clave del Estado. El estudio advierte que la reducción impactó de manera directa en políticas de salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública, mientras que, en sentido inverso, se incrementó de forma significativa el gasto en Inteligencia.

Según el relevamiento, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, aumentó su ejecución presupuestaria un 52% respecto de 2023. En paralelo, los Servicios de la Deuda Pública representaron el 8% del gasto total, manteniendo un peso estructural elevado dentro del presupuesto nacional.

En el área de salud, los recortes fueron generalizados. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una caída del 72%, los hospitales nacionales registraron ajustes de entre el 20% y el 42%, el Instituto Malbrán cayó un 26% y la Anmat un 25%. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte tuvo una reducción del 38%, mientras que el Incucai fue una de las pocas excepciones, con un incremento del 24% en su ejecución.

El sistema científico y tecnológico también fue duramente afectado. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 82%, el Conicet un 32%, la Conae un 19%, el Servicio Meteorológico Nacional un 34%, el Servicio Geológico Minero Argentino un 25%, la Fundación Miguel Lillo un 32% y la Coneau un 8%.

En materia de seguridad social y desarrollo humano, el informe señala una contracción del 5% en Anses, un recorte del 73% en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y del 73% en el Inaes. En los programas sociales, el ajuste fue aún más severo: Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social registraron una caída del 100%, el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia del 90% y Comedores Comunitarios y Merenderos del 52%.

El ajuste también alcanzó al desarrollo productivo. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo sufrió una reducción del 72%, mientras que el INTA y el INTI cayeron un 41%. En el sector energético, la Comisión Nacional de Energía Atómica registró un recorte del 42%, el Enargas del 32%, el ENRE del 13% y la Autoridad Regulatoria Nuclear del 14%.

Ni las fuerzas de seguridad ni las Fuerzas Armadas quedaron al margen de la política de recortes. La Policía Federal cayó un 31%, Gendarmería y Prefectura un 29%, el Ejército un 18%, la Armada un 20% y la Fuerza Aérea un 22%.

En educación, el CEPA advirtió ejecuciones prácticamente nulas en programas centrales. Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron recortes del 100%, el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles cayó un 90%, Becas y Gestión Estudiantil un 78%, Acciones de Formación Docente un 75%, Infraestructura y Equipamiento un 37% y Desarrollo de la Educación Superior un 29%.

En salud, además, varios programas quedaron virtualmente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, ambos con una caída del 100%. También se registraron fuertes bajas en Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-88%) y Prevención de Enfermedades Endémicas (-71%). La única suba marginal se dio en Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, con un aumento del 5%.

El abandono de la obra pública y el transporte se reflejó en recortes que oscilaron entre el 74% y el 100%. Infraestructura en Municipios cayó un 100%, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación un 98%, Construcción de Túneles y Puentes Grandes un 95%, Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional un 95,2%, Desarrollo de Obra Pública un 93,5%, Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo un 92% y Rutas Seguras un 89%. La Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios registró una caída del 75%.

El informe también advierte un fuerte ajuste en las transferencias a provincias y municipios. La Asistencia Financiera y Técnica a Municipios cayó un 98%, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires un 100%, la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios un 100%, las transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas un 92% y a la Secretaría de Energía un 77%. El programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional registró una reducción del 68%.

El CEPA concluye que el ajuste aplicado durante 2025 tuvo un impacto directo sobre políticas públicas esenciales, profundizando el retiro del Estado en áreas sensibles, mientras se priorizó el aumento del gasto en Inteligencia y el sostenimiento de los compromisos financieros.