La situación de las pequeñas y medianas empresas atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtieron que la cantidad de concursos preventivos de acreedores registrados durante el último año creció más de un 130 % en la Ciudad de Buenos Aires, un nivel que, según la entidad, supera incluso al observado durante la pandemia.

El presidente de IPA, Daniel Rosato, aseguró que el incremento de empresas en dificultades financieras refleja un deterioro profundo de la actividad económica y reclamó la aprobación de una ley de emergencia económica destinada a proteger el empleo y sostener la producción nacional.

Según explicó, la iniciativa presentada ante el Congreso contempla medidas para evitar despidos sin causa en las empresas adheridas y facilitar líneas de financiamiento por un año tanto para trabajadores como para firmas afectadas por la caída de la actividad.

Rosato sostuvo que la crisis actual responde a una combinación de factores que incluyen la retracción del mercado interno, el aumento de costos operativos y la apertura de importaciones. En ese sentido, afirmó que la situación está provocando cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores productivos.

El dirigente cuestionó además que las políticas económicas estén enfocadas principalmente en variables macroeconómicas, mientras que los problemas que afectan a la producción, el consumo y el empleo continúan profundizándose. A su entender, el deterioro de la actividad económica impacta directamente sobre la mayoría de la población y repercute también en la imagen del Gobierno nacional.

Respecto a las importaciones, consideró que la apertura comercial genera una competencia desigual para la industria local. Según planteó, mientras se reducen barreras para productos provenientes del exterior, las pymes continúan enfrentando una elevada carga impositiva y dificultades para acceder a herramientas de financiamiento y estímulo.

También cuestionó las diferencias existentes entre los beneficios otorgados a distintos sectores de la economía. Como ejemplo, señaló que algunos regímenes de incentivo establecen requisitos más exigentes para la industria manufacturera que para actividades vinculadas al agro o la energía.

Desde IPA indicaron que han intentado mantener reuniones con funcionarios nacionales para presentar propuestas destinadas a sostener la actividad productiva, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas.

Rosato afirmó que la preocupación principal pasa por evitar nuevas quiebras y preservar los puestos de trabajo. Además, remarcó que la problemática no se limita a la Ciudad de Buenos Aires, sino que afecta a numerosas provincias donde, según indicó, se han perdido empresas y empleos por la falta de políticas de promoción industrial.

El dirigente concluyó reclamando un mayor compromiso de los legisladores nacionales para impulsar medidas que permitan sostener el entramado productivo y proteger a las pequeñas y medianas empresas, consideradas uno de los principales motores del empleo en el país.