El paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a las demás centrales obreras tuvo un alto nivel de adhesión en todo el país, en el marco del debate por la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. Mientras desde el oficialismo intentaron relativizar el alcance de la medida, el movimiento sindical sostuvo que el acatamiento fue contundente y reflejó el malestar social frente al proyecto.

Desde la Casa Rosada afirmaron que se trató de un “paro forzado” debido a la paralización casi total del transporte público, producto de la adhesión de los gremios del sector. En ese sentido, señalaron que no puede medirse con precisión el impacto real de la huelga, ya que la falta de colectivos, trenes y subtes impidió que miles de personas llegaran a sus lugares de trabajo. En esa línea se pronunciaron funcionarios del Ejecutivo, que apuntaron contra la dirigencia sindical y calificaron la medida como una acción extorsiva.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó duramente la protesta y sostuvo que el paro “es perverso” porque, al cortar el transporte, impide trabajar incluso a quienes desean hacerlo. Desde el Gobierno también se difundieron mensajes críticos en aeropuertos del país, donde en pantallas se responsabilizó a la “casta sindical” por la interrupción de los vuelos.

En contraste, la conducción de la Confederación General del Trabajo destacó el alto acatamiento de la huelga y aseguró que el cese de actividades alcanzó aproximadamente al 90 por ciento. Uno de los cosecretarios generales, Jorge Sola, afirmó que ese nivel de adhesión “representa el humor social” y reclamó a los diputados que tengan en cuenta a los trabajadores al momento de votar la reforma laboral.

Sola advirtió que el proyecto en debate implica un retroceso de derechos y cuestionó que se ponga el foco en las pérdidas económicas del paro, pero no en la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el sector empleador. Según estimaciones sindicales, la reducción de aportes patronales podría significar una pérdida anual de alrededor de seis mil millones de dólares para el sistema previsional.

La medida de fuerza se sintió con mayor intensidad en el transporte, donde sólo circularon algunas líneas de colectivos del grupo DOTA, cuyos choferes no están afiliados a la Unión Tranviarios Automotor. También adhirieron La Fraternidad y la Unión Ferroviaria, lo que dejó sin servicios de trenes y afectó el normal funcionamiento de subtes y larga distancia. Como alternativa, se incrementó el uso de aplicaciones de transporte y combis.

Además, se paralizó la actividad en numerosas fábricas, bancos, dependencias públicas y comercios, y se registraron movilizaciones en distintas ciudades del país, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, San Salvador de Jujuy y Bariloche. En la Capital Federal, miles de personas se concentraron en las inmediaciones del Congreso para rechazar la reforma laboral.

Durante la mañana se vivieron momentos de tensión en la zona del Puente Pueyrredón, donde organizaciones sociales intentaron realizar cortes y fueron contenidas por un operativo policial. También hubo bloqueos temporales en la Autopista Buenos Aires–La Plata, seguidos por una movilización hacia el Congreso.

En el acto central, referentes sindicales reclamaron profundizar el plan de lucha. El secretario general de la UOM, Abel Furlán, pidió avanzar hacia un paro general de 36 horas con movilización y advirtió que no se puede naturalizar la pérdida de puestos de trabajo ni la quita de derechos laborales.