La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda judicial para cuestionar la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los instrumentos incorporados por la reciente reforma laboral. El sindicato solicitó que se declare la inconstitucionalidad de las normas que dieron origen al mecanismo al considerar que afecta los recursos destinados al sistema previsional.

La acción judicial apunta contra el artículo 76 de la Ley 27.802 y el artículo 24 del Decreto 408/2026, disposiciones que regulan el funcionamiento del fondo creado para cubrir los costos asociados a las desvinculaciones laborales.

Desde el gremio sostienen que el esquema permite a las empresas compensar los aportes realizados al FAL mediante deducciones sobre las contribuciones previsionales, lo que, según su interpretación, implicaría una reducción de los ingresos que recibe la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que la intención de la presentación judicial es impedir que el sistema comience a operar antes de que genere efectos permanentes sobre el financiamiento previsional. El dirigente expresó además su preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre jubilaciones y pensiones.

De acuerdo con la postura del sindicato, el nuevo fondo podría profundizar los problemas de financiamiento que atraviesa el sistema de seguridad social y dificultar futuras recomposiciones de los haberes jubilatorios.

La reforma laboral establece que las empresas realicen aportes al Fondo de Asistencia Laboral para afrontar las compensaciones derivadas de despidos. Sin embargo, ATE interpreta que la posibilidad de descontar esos montos de las contribuciones previsionales terminaría trasladando parte de ese costo al sistema jubilatorio.

Según estimaciones difundidas por la organización sindical, la aplicación del mecanismo podría representar una reducción de recursos por miles de millones de dólares al año para la seguridad social.

Ahora será la Justicia la encargada de analizar el planteo y definir si las disposiciones cuestionadas se ajustan o no al marco constitucional vigente.