La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal para que se investigue a autoridades políticas y a agentes de las fuerzas de seguridad federales y de la Policía de la Ciudad que participaron del operativo represivo desplegado este jueves en los alrededores del Congreso, mientras el Senado debatía la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 10 de Comodoro Py y apunta al amplio despliegue de las fuerzas de seguridad, a la agresión contra una fotorreportera que cubría la movilización y a la detención masiva de personas que, según el organismo, se produjo de manera arbitraria.
La CPM informó que durante el operativo relevó más de 1.500 personas heridas. Entre ellas se encontraban integrantes de la propia comisión: ocho miembros del equipo de monitoreo y 18 integrantes del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios fueron afectados por gases y disparos de postas de goma.
En total, el organismo contabilizó 28 personas detenidas, de las cuales 15 habían sido liberadas al momento de realizarse la presentación judicial. Según el relevamiento, 21 de las detenciones fueron efectuadas por fuerzas federales y las restantes siete por la Policía de la Ciudad.
La presentación fue firmada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria. El escrito apunta contra quienes estuvieron a cargo del operativo y contra sus ejecutores por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Cipriano García calificó el operativo como uno de los episodios represivos más graves de los últimos meses y señaló que participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería.
De acuerdo con el relevamiento realizado por la CPM, durante la jornada se utilizaron al menos 100 granadas de gas lacrimógeno y gas pimienta, mientras que más de 40 personas fueron atendidas por heridas provocadas por disparos de postas de goma.
El secretario ejecutivo del organismo cuestionó además el inicio del operativo. Según su relato, las personas que se encontraban detrás de las vallas comenzaron a cantar y, posteriormente, las fuerzas de seguridad utilizaron los hidrantes y avanzaron sobre la zona. La situación derivó luego en enfrentamientos y en un despliegue mayor de los efectivos.
La CPM también denunció haber identificado a personas que, según sostuvo, se habrían infiltrado entre los manifestantes y posteriormente habrían sido vistas junto a efectivos policiales.
Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con la agresión sufrida por una fotorreportera que se encontraba trabajando en las inmediaciones de Lima y Avenida de Mayo.
Según el escrito presentado por la CPM, la mujer fue atacada alrededor de las 19.50 mientras intentaba alejarse de la zona de mayor intensidad represiva. En medio de los disparos de postas de goma, cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo y sangrado.
Desde la comisión señalaron que en el sector donde ocurrió el episodio se encontraban periodistas, fotógrafos y miembros de los equipos de asistencia, por lo que cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad.
Personal de la CPM y del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios asistió a la fotógrafa, detuvo el sangrado y realizó las primeras curaciones. Según la denuncia, efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron al lugar y constataron el estado de la mujer, pero no le brindaron asistencia y se limitaron a comunicar la situación por radio antes de retirarse.
El episodio fue vinculado por la CPM con el caso de Pablo Grillo, el fotógrafo que resultó gravemente herido durante la represión de una marcha de jubilados el 12 de marzo de 2025. Por ese hecho, el gendarme Héctor Guerrero deberá enfrentar un juicio oral, mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades correspondientes en la cadena de mando del operativo.