Se trata de una conclusión que los fiscales de Vicente López Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería dejaron asentada en su pedido de prisión preventiva, luego de analizar y desarrollar el cúmulo de problemas financieros que el menor de los hijos de las víctimas había generado.
Los fiscales que investigan el presunto doble parricidio de Vicente López están convencidos de que el móvil por el que el imputado Martín Santiago Del Río presuntamente asesinó a sus padres no solo fue la frustrada compra del departamento al que las víctimas se quería mudar, sino que iban a descubrir los desmanejos financieros que el acusado hizo en los últimos dos años y lo iban a dejar “en la calle”.
Se trata de una conclusión que los fiscales de Vicente López Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería dejaron asentada en su pedido de prisión preventiva, luego de analizar y desarrollar el cúmulo de problemas financieros que el menor de los hijos de las víctimas había generado en los dos años que estuvo completamente a cargo de los negocios familiares, a raíz de los problemas de salud de su padre.
En un primer tramo de su análisis, los fiscales dejan en claro que el detonante de la decisión de Del Rio fue la imposibilidad de mudar a sus padres al departamento del lujoso edificio Chateau Libertador del barrio porteño de Núñez que le habían encomendado comprar.
El matrimonio de José Enrique Del Rio (74) y María Mercedes Alonso (72) creía que ese mismo 24 de agosto se mudarían allí, pero lo cierto es que de acuerdo a lo firmado por su hijo menor, recién podrían acceder a la propiedad en tres años, tras el pago de 36 cuotas mensuales de 10.000 dólares –Del Rio solo había pagado cuatro cuotas-, y un saldo de 1.265.000 dólares al momento de escriturar.
“Sin temor a equivocarnos, nos hallamos en condiciones de afirmar que esa mudanza no se iba a producir y que la creencia inducida a las víctimas, era producto del engaño propiciado por el aquí imputado. Engaño que adelantamos, es parte del designio criminal que como móvil resultó determinante”, escribieron los fiscales.
Pero luego, los representantes del Ministerio Público Fiscal se retrotraen a lo sucedido en el seno familiar unos dos años antes: “En el período de la pandemia Enrique padeció una suerte de afección que no le permitió estar de todo consciente de la actividad financiera en lo relativo al patrimonio, descansando en todo momento en su hijo Martín, quien libremente disponía del mismo”.
Los fiscales revelan que esa situación “se revirtió radicalmente en los últimos meses” debido a que Enrique “luego de ser tratado de su afección se recuperó”.
Pero explica el dictamen que eso coincidió “con la debacle financiera de Martín, quien modificó su situación a nivel 5 (deudor irrecuperable) y generó decenas de juicios en su contra, así como cesaciones de pagos recurrentes plasmadas en la causa”.
La hipótesis del móvil
“En el caso de que sus progenitores tomaran conocimiento del manejo de los bienes y especialmente de una operación tan sensible para ellos como lo era mudarse al edificio de referencia (…), resulta lógico suponer un encono que podría desplazarlo de la administración de los bienes o, en su caso, el requerimiento de preguntas y aclaraciones sobre el armado de tamaña mentira”, conjeturan los fiscales.
Al plasmar su hipótesis del móvil, dicen: “Es por ello que frente a la posibilidad de ver frustrada su fuente de ingresos principal, el encartado decidiera terminar con la vida de sus progenitores”.
Y agregan que no puede descartarse “la factibilidad desde la esfera interno-cognitiva, de que aquél (Del Rio) pretendiera hacerse de los bienes de sus progenitores en función de su legitimación como heredero ya sin el deber de rendir cuentas a un progenitor cada vez más interesado en conocer sobre el desarrollo de sus negocios; máxime que no se trataba de una sino de una cuantiosa cantidad de inmuebles de valor en juego y el flujo de dinero constante que aquéllas generaban”.
Foto: Eliana Obregon
A su vez, resaltan que “todos los inmuebles eran de sus padres salvo alguno cedido en vida a los hermanos con usufructo vitalicio” y por ese motivo los fiscales Gómez, Musso y Semería concluyen en su dictamen que “de conocerse su accionar, Martín se quedaría literalmente en ‘la calle'”.
“Ese circuito de engaños concatenados y persistentes fue cerrando puertas y ventanas que acotaron el margen de mentiras hasta que la única salida fue el resultado de los hechos investigados, ante la inminencia de quedar afuera por completo del negocio familiar y de la vida holgada tal y como la conocía Martín Del Rio hasta ese momento”, dicen en otro tramo de su análisis.
Agregan que “el encartado no logró prolongar en el tiempo las mentiras proferidas a sus progenitores en torno a la adquisición del bien y tejió una red de mendacidades mediante las cuales no solo persuadió a los nombrados sino a sus allegados, pero las mismas arribaron a un punto de inflexión que determinaron al encartado a adoptar esa decisión criminal”.
Y al abordar la cuestión de los tres agravantes del crimen -vínculo, alevosía y criminis causa-, sostienen los fiscales que el plan criminal fue “nada más y nada menos que en perjuicio de las personas que le dieron la vida, dos sujetos de edad avanzada que depositaban su confianza en él, con problemas de movilidad y escasas posibilidades de defenderse, mucho menos teniendo en cuenta que no esperaban una conducta de tal magnitud por parte de su propio hijo”.
“La ejecución de los damnificados a las claras devela la pretensión del agente de procurar su impunidad”, concluyen.
Del Rio padre y Alonso aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno-, el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.
Si bien tras el hallazgo de los cadáveres había sido aprehendida la empleada del matrimonio asesinado, María Ninfa “Nina” Aquino, como presunta “entregadora”, el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio.
En base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial, los fiscales pidieron su prisión preventiva como autor de un “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser ‘criminis causa'” (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.