La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió mantener suspendida la orden de la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado nacional a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre. De esta manera, el tribunal habilitó el trámite de las apelaciones presentadas por el Gobierno contra el fallo adverso por la expropiación de la petrolera.

El tribunal de alzada tampoco exigió a la Argentina que ofrezca una garantía concreta por los u$s 16.099 millones reclamados, monto al que se suman intereses estimados en u$s 2,5 millones por día. Según Bloomberg, la medida permite que el país conserve su participación en YPF mientras dure el proceso de apelación, que podría extenderse durante meses.

Los jueces accedieron al pedido de los abogados del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratados por la Procuración del Tesoro. Una de las apelaciones cuestiona la sentencia a favor de los acreedores y otra impugna específicamente la orden de entrega de acciones de YPF, trámite que podría demorar hasta dos años.

Desde la Procuración destacaron que la decisión preserva la mayoría accionaria estatal en la compañía, “un activo estratégico y de interés para todos los argentinos”. Subrayaron además que no altera la apelación principal contra la sentencia dictada en septiembre de 2023, que condena al país a pagar más de u$s 16.000 millones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había advertido que la entrega de acciones resulta inviable porque la ley de expropiación de YPF establece que cualquier venta de las acciones estatales debe contar con la aprobación del Congreso mediante mayoría especial.

El cronograma judicial prevé dos audiencias claves: el 25 de septiembre, cuando la Argentina expondrá sus argumentos contra la sentencia de 2023; y el 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas, en la que se debatirá la apelación vinculada a la entrega de acciones.

El Gobierno ya anticipó que, en caso de un revés en la Cámara de Apelaciones, recurrirá de manera acelerada a la Corte Suprema de Estados Unidos a través del mecanismo denominado “shadow docket”, reservado para casos urgentes y excepcionales.