La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el archivo de la causa que investigaba al expresidente Mauricio Macri, al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Cambiemos.
De esta manera, quedó ratificada la decisión adoptada en febrero por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien había determinado que no existían elementos suficientes para considerar delictiva la decisión de recurrir al organismo internacional.
La causa se había iniciado en 2019 a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en la negociación y aprobación del préstamo, que finalmente alcanzó los US$57.100 millones. Entre los investigados estuvieron Macri, el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, Caputo, Federico Sturzenegger y otros funcionarios y exfuncionarios.
La Fiscalía había apelado el archivo y reclamado que se reabriera la investigación. Sostuvo que la decisión de primera instancia había sido adoptada de manera “prematura” y “arbitraria” y que se habían omitido elementos que podían ser relevantes para determinar si existieron responsabilidades penales.
Sin embargo, los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens rechazaron el planteo y confirmaron el cierre del expediente. Según el tribunal, el acuerdo con el FMI se produjo en un contexto de “urgencia financiera reconocida” y no se acreditó que los funcionarios hubieran actuado con la intención de violar la ley.
El límite de la Justicia
Uno de los principales argumentos de la Cámara fue que el Poder Judicial no debe intervenir sobre decisiones que corresponden a otros poderes del Estado cuando no existen elementos que permitan encuadrarlas como delitos.
Los magistrados remarcaron que la Justicia no puede evaluar el “acierto o desacierto” de las decisiones económicas adoptadas por un gobierno. La cuestión central del expediente, por lo tanto, no era determinar si el préstamo fue conveniente o perjudicial para el país, sino establecer si su aprobación podía constituir un delito.
Después de más de cinco años de investigación, el tribunal consideró que no se habían reunido pruebas suficientes para sostener una acusación penal contra los funcionarios involucrados.
Funcionarios de Macri y de Milei
El cierre de la causa tiene además una particularidad política: varios de los principales nombres investigados durante el gobierno de Macri actualmente ocupan cargos centrales en la administración de Javier Milei.
Caputo, quien durante el macrismo estuvo vinculado al Banco Central y a la negociación financiera, actualmente se desempeña como ministro de Economía. Sturzenegger, por su parte, ocupa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. También había sido investigado el expresidente del Banco Central Guido Sandleris.
La resolución se conoció apenas un día después de que la Sala I volviera a quedar conformada con la incorporación de Bertuzzi. El tribunal quedó integrado por el propio Bertuzzi y Llorens para resolver el expediente.
El momento del fallo también generó interpretaciones políticas debido a que la Cámara Federal porteña había intervenido horas antes en otra causa de fuerte repercusión: la investigación por el denominado caso $LIBRA, relacionado con la promoción de la criptomoneda por parte de Javier Milei.
Más allá de esas lecturas, el efecto judicial es concreto: la investigación por el préstamo otorgado durante el gobierno de Macri permanece archivada y los funcionarios involucrados quedan desvinculados del expediente en esta instancia.
La Fiscalía todavía podría recurrir la decisión. La Procuración del Tesoro, durante la gestión de Milei, se había retirado como querellante.
El fallo tampoco implica una evaluación sobre los resultados económicos del acuerdo, el nivel de endeudamiento generado ni el destino posterior de los fondos. La Cámara se limitó a establecer que no encontró elementos suficientes para sostener que, desde el punto de vista penal, la decisión de recurrir al FMI haya constituido un delito.
Así, uno de los capítulos judiciales vinculados al mayor préstamo otorgado por el organismo internacional durante la gestión de Macri quedó, por ahora, cerrado. Entre los beneficiados por la decisión se encuentra el actual ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los principales responsables de la política económica del gobierno de Milei.