Un funcionario que dejó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a fines de julio recibió una indemnización de casi $110 millones y, apenas un día después, comenzó a trabajar en otro organismo del Estado nacional.

Se trata de Daniel Alfredo Neira, quien dejó formalmente el Enacom el 31 de julio de 2026 con una liquidación neta de $109.781.999,73. El 1° de agosto inició funciones como gerente de Contabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La liquidación incluyó $73.067.618,10 correspondientes a la antigüedad, $9.742.349,08 por preaviso y otros $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas. La desvinculación fue encuadrada como un despido sin causa, bajo el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El dato que genera cuestionamientos es la proximidad entre ambas operaciones. Según la documentación del caso, las gestiones para su incorporación al INTA comenzaron el 1° de julio, mientras que la notificación de la rescisión contractual en el Enacom se produjo el 24 de julio.

La secuencia continuó de manera inmediata: el pago de la indemnización quedó habilitado el 28 de julio, Neira cesó formalmente el 31 y al día siguiente ya figuraba nuevamente en la estructura del Estado nacional. De acuerdo con esos registros, no existió un período efectivo de desempleo entre ambas designaciones.

Una situación bajo análisis

La operatoria generó cuestionamientos dentro del sector público. Algunas fuentes interpretaron que la secuencia podría haber funcionado como un mecanismo para acceder a una indemnización que no se habría generado en caso de un traslado o una renuncia.

En ese marco, especialistas en derecho administrativo señalaron que el caso podría ser analizado a la luz del principio que impide un enriquecimiento sin causa y eventualmente abrir la posibilidad de reclamar la devolución de los fondos.

La Procuración del Tesoro sostiene una concepción amplia del Estado como empleador, aunque el paso de un organismo a otro no impide necesariamente que una persona vuelva a ser contratada por la administración pública después de una desvinculación.

El caso fue analizado por el Consejo Directivo del INTA durante una reunión reservada. El área Jurídica del organismo concluyó que un despido sin causa no impide posteriormente el reingreso al sector público y que, en principio, no se habría vulnerado la Ley de Ética Pública.

Hasta el momento no se adoptó una medida respecto de la situación. Neira permanece en el cargo mediante una designación transitoria por 180 días, aprobada el 3 de septiembre y con efecto retroactivo al 1° de agosto.

Desde el organismo reconocieron que pudo existir una falta de control al momento de evaluar los antecedentes de la designación y no verificar que Neira había recibido una indemnización por parte del Enacom. La situación podría volver a ser analizada por el Consejo Directivo.

El episodio quedó expuesto en un contexto marcado por las políticas de reducción del gasto público y los retiros voluntarios implementados en distintos organismos. Mientras el Enacom afrontó el pago de una indemnización millonaria, el INTA incorporó a Neira sin concurso y bajo el argumento de una necesidad urgente generada por la salida de personal.