La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional, luego de una extensa sesión que se desarrolló en medio de protestas y un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

El proyecto fue sancionado con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, consolidando una nueva victoria legislativa del oficialismo, que ya contaba con media sanción del Senado.

La iniciativa modifica la Ley 26.639 y redefine el alcance de las áreas protegidas, al establecer una distinción entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciares”. A partir de ahora, la inclusión de estos territorios dentro de zonas protegidas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción.

Según el Gobierno, encabezado por Javier Milei, la reforma apunta a brindar mayor seguridad jurídica y otorgar más poder a las provincias para decidir sobre el uso de sus recursos naturales. En ese sentido, destacaron que el cambio permitirá impulsar inversiones en sectores como la minería y los hidrocarburos.

Desde distintos sectores opositores, en tanto, advirtieron que la modificación implica una flexibilización en la protección ambiental, especialmente en regiones cordilleranas donde estas áreas cumplen un rol clave como reservas de agua.

En paralelo al debate legislativo, se registraron incidentes en las afueras del Congreso. La Policía de la Ciudad desplegó un operativo con vallados, móviles y efectivos de distintas fuerzas para contener a manifestantes que se oponían a la reforma. Durante la jornada se utilizaron gases lacrimógenos y se produjeron detenciones, entre ellas la de activistas que realizaban una protesta en el Monumento a los Dos Congresos.

La reforma mantiene la protección sobre los glaciares propiamente dichos, pero habilita la posibilidad de desarrollar actividades económicas en zonas periglaciares que no sean consideradas estratégicas desde el punto de vista hídrico.

El nuevo esquema ratifica el rol del Inventario Nacional de Glaciares, con intervención técnica del IANIGLA, aunque otorga a la Secretaría de Energía un papel central en la coordinación de los criterios de aplicación.

De esta manera, el oficialismo logra avanzar con uno de los proyectos clave de su agenda, en un contexto de fuerte tensión política y social.