El gobierno de Córdoba anunció una medida para enfrentar el աճo de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos: los costos de los operativos de seguridad serán trasladados a los adultos responsables de los menores involucrados.

La decisión fue formalizada por el Ministerio de Seguridad provincial, que estableció un protocolo específico para estos casos. A partir de ahora, cuando se identifique a los autores de amenazas falsas o intimidaciones, el Estado calculará los gastos generados por la intervención y exigirá su pago a padres o tutores.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, explicó que cada episodio implica un importante despliegue de recursos públicos, incluyendo personal policial, móviles, brigadas especiales, bomberos y tecnología de investigación.

Según detallaron las autoridades, el procedimiento será el siguiente: una vez identificado el responsable, se contabilizarán los recursos humanos y materiales utilizados en el operativo. Luego, el Estado intimará a los adultos responsables para que abonen esos costos y, en caso de incumplimiento, podrá avanzar con acciones judiciales.

Desde el gobierno provincial remarcaron que estas situaciones no solo generan miedo en la comunidad educativa, sino que también afectan el funcionamiento de las escuelas y desvían recursos que deberían destinarse a la prevención del delito.

Datos difundidos por medios locales indican que actualmente existen 236 denuncias vinculadas a este tipo de hechos, con 29 adolescentes imputados y otros 22 casos en los que los involucrados no pueden ser responsabilizados penalmente por su edad.

La medida busca desalentar este tipo de conductas en un contexto donde las amenazas escolares, muchas veces vinculadas a desafíos virales en redes sociales, se vienen repitiendo en distintas provincias del país.