Seis personas secuestradas, torturadas y desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina fueron identificadas en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba. Los trabajos fueron realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La Asociación H.I.J.O.S. Córdoba informó que los militantes identificados son Eduardo Jorge Valverde Suárez, Oscar Reyes, Ramiro Bustillo, una de las mellizas Carranza, Raúl Oscar Ceballos Canton y Mario Alberto Nívoli.

Valverde Suárez era oriundo de Mendoza y se había radicado en Córdoba para estudiar Derecho. Fue delegado de la Federación Universitaria y, una vez recibido, se dedicó a la defensa de presos políticos. Fue secuestrado poco después del golpe de Estado en el puesto de Guardia Militar de la Fuerza Aérea.

Ceballos Canton era cordobés, estudiaba ingeniería y trabajaba en la empresa automotriz FIAT, en la planta Materfer. Tenía 23 años y militaba en Montoneros. Fue secuestrado en su domicilio del barrio Altamira el 26 de agosto de 1976.

En el caso de las mellizas Carranza, los estudios forenses permitieron determinar que un diente encontrado coincide genéticamente con Adriana o Cecilia. Debido a que ambas compartían prácticamente el mismo ADN, aún no es posible precisar a cuál de ellas pertenecen los restos. Las hermanas tenían 18 años cuando una patota del Ejército irrumpió en la pensión donde vivían, en el barrio General Paz, y se las llevó en mayo de 1976.

Oscar Reyes había nacido en Banfield, provincia de Buenos Aires. Estaba casado y era padre de cinco hijos. En Córdoba trabajaba como obrero en la empresa FIAT y militaba en el Partido Comunista. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 cuando se dirigía en su automóvil a una reunión partidaria.

Ramiro Bustillo también fue secuestrado ese mismo día en la ciudad de Córdoba. Tenía 27 años, estudiaba, militaba en el Partido Comunista y trabajaba como obrero. Su secuestro fue ordenado por el entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

Mario Alberto Nívoli militaba en la Juventud Universitaria Peronista y trabajaba como técnico electricista. Fue secuestrado durante la madrugada del 14 de febrero de 1977 en su vivienda del barrio General Paz, en presencia de su familia.

La identificación de los restos forma parte de los trabajos de búsqueda realizados en el predio que rodea al ex campo de concentración La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron durante la dictadura.

Uno de los casos más conmovedores es el de Oscar Reyes. Su hijo Rodolfo tenía siete años cuando su padre fue secuestrado. Durante casi cinco décadas buscó respuestas sobre su destino.

La semana pasada, su hermana Patricia recibió un llamado del juzgado federal a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja para presentarse en los tribunales, donde les confirmaron que Reyes era uno de los desaparecidos identificados gracias al trabajo del EAAF y de otras instituciones.

“Esto viene a confirmar lo que tanto buscamos: darle un cierre como familia al saber que papi fue secuestrado, torturado y asesinado por estos tipos. Encontramos lo que tanto habíamos buscado”, expresó Rodolfo Reyes.

Los trabajos que permitieron las identificaciones se realizaron entre septiembre y noviembre del año pasado en una zona conocida como Loma del Torito. Allí intervinieron especialistas del EAAF junto al Servicio de Antropología Forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Para localizar el área donde se concentraron las excavaciones fue clave el aporte del geólogo Guillermo Sagripanti, de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Las investigaciones sobre ese sector del predio ya se habían iniciado en 2004, a partir del testimonio de un trabajador rural, José Julián Solanille, quien declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que había visto camiones militares trasladando secuestrados hacia el lugar y escuchado posteriormente disparos.

Documentos militares también señalaban la existencia de fusilamientos y de una operación de remoción de cadáveres que habría tenido lugar a comienzos de 1979, lo que permitió orientar las investigaciones posteriores en el predio.