La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentará una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad. La estrategia de su defensa busca agotar las instancias internacionales y sostener que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales protegidas por el derecho internacional.

Según publicó Ámbito, los abogados de la exmandataria presentarán una Comunicación Individual ante el organismo de la ONU, donde argumentarán que el juicio violó principios como el debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad judicial, todos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La presentación representa el primer paso formal de una ofensiva internacional contra la sentencia que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fallo que quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema.

Para fortalecer la estrategia jurídica, la defensa incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, especialista en litigios internacionales y uno de los juristas que participó en la defensa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato. También integra el equipo el exjuez español Javier Borrego, con experiencia en el sistema europeo de derechos humanos.

Los defensores de la expresidenta consideran que el antecedente del caso Lula puede resultar clave. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que durante el proceso contra el mandatario brasileño se habían vulnerado garantías del debido proceso, un precedente que ahora buscarán utilizar como referencia.

Antes de analizar el fondo del planteo, el Comité deberá evaluar si la presentación cumple con los requisitos de admisibilidad. Si supera esa etapa, el organismo podrá solicitar información al Estado argentino y posteriormente emitir un pronunciamiento sobre el caso.

Si bien las resoluciones del Comité de Derechos Humanos no anulan las sentencias dictadas por los tribunales nacionales, sí constituyen pronunciamientos de relevancia internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados en materia de derechos humanos.