El reciente Decreto 554/2024, emitido por el ministro de Economía Luis Caputo, establece una nueva prórroga en la actualización de los impuestos a los combustibles en sus dos modalidades: a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Esta medida busca diferir una actualización pendiente que corresponde al cuarto trimestre de 2023 y al primer trimestre de 2024, la cual implica un incremento significativo del componente impositivo en un 132 %.
Durante los meses de junio y julio, el gobierno nacional ha determinado postergaciones parciales de estos gravámenes. A consecuencia de ello, aún queda pendiente un incremento de $ 152 por litro de nafta y $ 94 por litro de gasoil. Esta acumulación de ajustes tiene un impacto directo en los precios que enfrentarán los consumidores en los surtidores si se aplicaran en su totalidad el próximo mes.
Según explica el consultor energético Cristian Bergmann, la medida representaría un aumento del 16 % para la nafta súper y del 10 % para el gasoil.
Sin embargo, esta situación podría profundizarse aún más debido a factores económicos adicionales, como ser la devaluación del tipo de cambio, estimada en un 2 % mensual, el impacto inflacionario y la suba de los biocombustibles, en cuyo caso, los precios podrían superar los $ 1200 por litro.
Vale remarcar que desde que asumió Javier Milei, los combustibles aumentaron más del 110 % promedio en un contexto donde las ventas en las Estaciones de servicio acumulan seis meses consecutivos de caídas interanuales.
Frente a esta realidad, resulta decisivo evaluar las implicancias de una actualización completa de los impuestos postergados. Si bien el aplazamiento ha sido recibido con alivio temporal por algunos sectores, ya que pospone el impacto inmediato de los aumentos, las voces críticas destacan que no es una solución definitiva, sino un respiro momentáneo ante la presión impositiva.