La Justicia de Rosario ha determinado la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la agroexportadora Vicentin, en el marco de una investigación por desfalco y fraude financiero. La medida, dictada por el juez penal Nicolás Foppiani, alcanza a Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, quienes son señalados como cabecillas de un esquema fraudulento que habría desviado sumas multimillonarias de la compañía.
Una investigación que destapa un escándalo financiero
Las pesquisas de la Fiscalía de Delitos Complejos revelaron que, entre 2019 y 2024, los acusados habrían extraído cerca de $6.000 millones de las arcas de Vicentin, destinando esos fondos a gastos personales y a retiros voluntarios que ascienden a unos $2.000 millones. Este vaciamiento financiero no solo debilitó a la empresa, sino que también impactó negativamente en sus empleados y acreedores, quienes vieron comprometidos sus pagos debido a la supuesta iliquidez de la firma.
Uso indebido de fondos corporativos
Uno de los puntos más controversiales de la investigación es que parte del dinero presuntamente sustraído habría sido utilizado para cubrir una fianza personal de más de $40 millones, con el objetivo de evitar la prisión. La Fiscalía sostiene que estas maniobras continuaron incluso durante el concurso de acreedores de la empresa, demostrando una estrategia sistemática para proteger los intereses de los exdirectivos a expensas de los damnificados.
Un entramado de maniobras ilegales
El caso no solo involucra a estos cuatro exdirectivos, sino que forma parte de una causa más amplia que investiga a un total de 19 exmiembros del directorio de Vicentin. Según la Fiscalía, el colapso financiero de la compañía en 2019, que dejó deudas cercanas a los u$s1.300 millones, no fue producto de dificultades comerciales derivadas del contexto económico, sino de una red de irregularidades que incluyó falsificación de documentos para acceder a créditos y granos sin intención de saldar los compromisos asumidos.
La resolución judicial representa un paso clave en el esclarecimiento de uno de los mayores escándalos financieros del sector agroexportador en los últimos años, y deja en evidencia la magnitud del perjuicio ocasionado a empleados, acreedores y al sistema financiero en su conjunto.