En un fallo que estremeció a la provincia de Corrientes, la Justicia resolvió la responsabilidad penal de Aldana Muñoz, acusada de dar muerte a sus dos hijos pequeños en noviembre de 2023. El veredicto fue dictado por el Tribunal de Juicio de Mercedes, integrado por los jueces Jorge Troncoso, Juan Manuel Muschietti y Ramón Ríos.
Muñoz fue encontrada culpable por dos homicidios calificados por el vínculo, con circunstancias extraordinarias de atenuación, al aplicar el tribunal el artículo 80 del Código Penal en su último párrafo, contemplando el estado psíquico particular de la imputada al momento del hecho.
Un crimen que conmocionó
El doble crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Don Bosco al 119, en el barrio Santa Rosa de Curuzú Cuatiá. Las víctimas, Sofía (5) y Dylan (8), murieron tras recibir heridas cortantes en el cuello. El informe forense determinó que fallecieron por shock hipovolémico y paro cardiorrespiratorio.
La autoría del hecho nunca fue negada por la defensa. Sin embargo, el eje del debate estuvo centrado en el estado mental de la acusada. La defensa oficial planteó la inimputabilidad de Muñoz, alegando que atravesaba un trastorno mental transitorio, mientras que la fiscalía solicitó una condena por homicidio calificado sin atenuantes.
Diagnóstico y contexto
El tribunal valoró diversos informes periciales que concluyeron que la mujer se encontraba en un estado de conciencia disminuida, aunque sin llegar a una pérdida total de sus facultades. Se consideró que el acto fue influenciado por una situación emocional crítica derivada de una relación de pareja conflictiva y antecedentes de violencia de género.
Testimonios recabados durante el proceso indicaron que la mujer había manifestado pensamientos suicidas en los días previos al crimen. El entorno familiar y social no alcanzó a contener una situación que derivó en un desenlace trágico.
Próximos pasos
La audiencia de cesura —en la que se definirá la pena— se realizará el jueves 22 de mayo. Allí se evaluará el marco sancionatorio que corresponde, teniendo en cuenta tanto la gravedad de los hechos como los atenuantes reconocidos por el tribunal.
El caso reabrió el debate en torno a la salud mental, la violencia de género y el rol del Estado en la prevención de tragedias que involucran a niños y personas en situación de vulnerabilidad psíquica.