Una nueva denuncia busca reabrir la investigación sobre la compra de tierras en la zona de Lago Escondido, luego de que funcionarios del gobierno de Javier Milei firmaran un acuerdo con la empresa Hidden Lake, vinculada al empresario británico Joe Lewis.

La presentación fue realizada por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda ante el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. El objetivo es que se investigue la actuación de los funcionarios nacionales que intervinieron en el acuerdo conciliatorio firmado en enero de este año.

Según lo expuesto, el entendimiento entre el Ministerio del Interior y la firma Hidden Lake SA implicó el desistimiento de ambas partes y el cierre de la causa judicial iniciada en 2023, que buscaba declarar la nulidad de las autorizaciones que permitieron la compra de unas 12.000 hectáreas en una zona considerada de seguridad de frontera.

La causa tramitaba en un juzgado contencioso administrativo federal y contaba con medidas de prueba en curso. Sin embargo, durante la feria judicial, el juez Walter Lara Correa homologó el acuerdo, lo que derivó en el cierre del expediente sin un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto.

En su presentación, Odarda solicitó acceder a toda la documentación vinculada al acuerdo, incluidos antecedentes, dictámenes y fundamentos que llevaron al Estado a desistir de la acción. Además, pidió que se evalúe la posible responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios involucrados.

La denuncia también plantea la revisión judicial del acuerdo y de la sentencia que lo convalidó, con el objetivo de que se declare su nulidad por considerar que afecta intereses de orden público, como la soberanía territorial, el control de zonas de frontera y el acceso a bienes públicos.

El conflicto por estas tierras se remonta a la década de 1990, cuando se concretó la adquisición por parte de la empresa vinculada a Lewis, durante la presidencia de Carlos Menem. Desde entonces, distintos organismos del Estado habían cuestionado la legalidad de esas operaciones.

Según la denunciante, el acuerdo reciente impidió que la Justicia se expida sobre la validez de los actos administrativos cuestionados, lo que —sostiene— limita el control público sobre una causa de alto interés institucional.