La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto impulsado por el oficialismo para establecer un régimen permanente de prestaciones y pensiones por discapacidad. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, luego de una jornada de negociaciones en la que el Gobierno aceptó modificaciones reclamadas por la oposición.

Los cambios acordados abarcan los requisitos para acceder a las pensiones, el financiamiento del sistema, las garantías de cobertura sanitaria y los plazos para cancelar las deudas con los prestadores. El entendimiento permitió reunir un respaldo superior a los dos tercios de los votos.

La negociación estuvo encabezada por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, con la participación de Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, y Laura Rodríguez Machado, por La Libertad Avanza. Tras anunciar las modificaciones incorporadas al texto, Herrera Ahuad destacó la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita dar respuestas a las personas con discapacidad.

Desde Unión por la Patria, el jefe de bloque Germán Martínez valoró el trabajo parlamentario y defendió la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada en 2025. Sostuvo que una parte sustancial de aquella norma quedó incorporada al nuevo proyecto y remarcó que la legislación anterior fue una herramienta importante para avanzar en la discusión actual.

Rodríguez Machado también resaltó el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas y consideró positivo que la sesión estuviera marcada por las coincidencias en torno a una problemática que afecta a miles de personas y sus familias.

Qué establece el nuevo régimen

La propuesta original del oficialismo contemplaba la actualización mensual de los aranceles del nomenclador de prestaciones de acuerdo con la inflación. También mantenía las pensiones no contributivas y su compatibilidad con el empleo para quienes perciban ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Uno de los principales cambios acordados fue incorporar directamente en la ley los requisitos para acceder a las pensiones, en lugar de dejar su definición exclusivamente en manos de la reglamentación del Poder Ejecutivo. Además, se precisaron las partidas presupuestarias destinadas a sostener el sistema y los mecanismos para afrontar eventuales faltantes de recursos.

En materia sanitaria, el texto reconoce a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad el acceso a un programa médico que garantice las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901.

La iniciativa también fija plazos para cancelar las compensaciones pendientes a los prestadores. El cronograma de pagos deberá comunicarse dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la norma y contemplar la cancelación total de las deudas dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado los trámites administrativos correspondientes.

La discusión por el Presupuesto 2027

Pese al acuerdo alcanzado, la votación estuvo atravesada por cuestionamientos de la oposición hacia el Gobierno nacional. El principal foco de conflicto fue la inclusión, en el proyecto de Presupuesto 2027, de un capítulo que busca dejar sin efecto medidas relacionadas con la emergencia en discapacidad.

El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, cuestionó la contradicción entre las modificaciones negociadas en el Congreso y las disposiciones incorporadas por el Ejecutivo al presupuesto.

Durante el debate presupuestario, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había señalado que el Gobierno tenía una posición diferente de la de varios bloques legislativos respecto de las modificaciones propuestas. También sostuvo que sería el Congreso el encargado de definir el rumbo de la normativa.

La continuidad de ese capítulo en el proyecto presupuestario mantuvo las dudas opositoras sobre la disponibilidad efectiva de los fondos necesarios para garantizar las prestaciones.

Martínez insistió en que el consenso legislativo debe estar acompañado por garantías presupuestarias concretas. Advirtió que las organizaciones de personas con discapacidad necesitan certezas de que lo aprobado se traducirá en recursos y servicios efectivos, y reclamó que el Gobierno confirme que las medidas tendrán respaldo financiero.

Desde el oficialismo, Rodríguez Machado respondió que corresponde al propio Congreso asegurar que las decisiones aprobadas cuenten con su correlato presupuestario. Según planteó, el Poder Legislativo tiene autonomía para definir las partidas necesarias sin depender de instrucciones del Ejecutivo.

Con la media sanción, el proyecto avanzó tras casi dos meses de discusiones y reclamos de organizaciones vinculadas con la discapacidad. El acuerdo incorpora cambios importantes al régimen permanente, aunque la controversia por el financiamiento y el alcance de las disposiciones presupuestarias continúa siendo uno de los puntos centrales del debate.