Este miércoles, la Cámara de Diputados dará inicio a una discusión clave en comisiones sobre la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. La propuesta busca establecer penas de hasta 20 años de prisión para aquellos jóvenes que cometan delitos graves.
El análisis del proyecto se llevará a cabo en un plenario que reunirá a las comisiones de Legislación Penal y Justicia; Familia, Niñez y Minoridad; y Presupuesto. Estas comisiones están presididas por Laura Rodríguez Machado (PRO), Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente. El objetivo es avanzar en la redacción de un dictamen tras haber concluido el año pasado con una serie de audiencias de consulta.
Un debate enmarcado en una sesión cargada de temas sensibles
Este debate tendrá lugar antes de una sesión convocada por sectores opositores, en la que se abordarán diversos proyectos destinados a investigar y solicitar informes sobre el escándalo de Libra.
El oficialismo y el PRO buscan alcanzar consenso en torno a una versión del proyecto que contemple la propuesta original del Gobierno, pero que también integre aspectos de otras iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados.
Diferencias sobre la edad de imputabilidad
Si bien el Gobierno había planteado inicialmente reducir la edad de imputabilidad a 13 años para delitos graves, actualmente se perfila un acuerdo en torno a los 14 años. Entre los legisladores que respaldan esta medida se encuentra el diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, junto a referentes del PRO como Cristian Ritondo, de la Coalición Cívica como Juan Manuel López, y de Producción y Trabajo como Nancy Picón.
Por otro lado, el diputado libertario Ãlvaro Martínez propuso una reducción aún mayor, fijando la edad de imputabilidad en 12 años. En contraste, la legisladora Natalia Zaracho (Unión por la Patria) aboga por mantener el límite actual de 16 años y evaluar si los adolescentes comprenden la gravedad de sus actos antes de ser juzgados, además de promover medidas de contención social.
Régimen Penal Juvenil: sanciones y medidas de resocialización
El proyecto en discusión establece que los menores no podrán recibir condenas de reclusión perpetua, con un máximo de 20 años de prisión, incluso en casos donde la acumulación de delitos implique penas mayores.
Además de la prisión para delitos graves, se contempla un abanico de sanciones alternativas, que incluyen amonestaciones, restricciones de contacto con las víctimas, prohibiciones de salida del país, limitaciones para conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios comunitarios.
En cuanto a la reinserción social, la iniciativa incorpora programas educativos, de formación ciudadana y deportiva, así como tratamientos médicos en los casos que lo requieran. También se propone la figura de un supervisor que acompañe al joven en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
El debate que inicia en Diputados marcará un paso clave en la definición de un nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, con posturas encontradas entre los sectores que promueven penas más duras y quienes insisten en la necesidad de un enfoque preventivo y social.