Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que uno de cada siete trabajadores asalariados del país padece insuficiencia alimentaria por falta de recursos económicos. La situación se agrava entre los trabajadores informales y cuentapropistas, donde la cifra asciende al 25%.

El estudio, difundido por El Destape, detalla que entre los asalariados, el 8,1% atraviesa una situación severa de hambre y el 11,5% moderada. En cuanto a la distribución geográfica, la inseguridad alimentaria afecta al 18,9% de los asalariados del conurbano bonaerense, al 14,8% en el interior del país y al 7,1% en la Ciudad de Buenos Aires.

El análisis también evidencia desigualdades de género: las mujeres trabajadoras registradas son las más afectadas, con un 8,5% de casos, frente al 6,6% de los varones. Según la UCA, el deterioro comenzó en 2022, cuando el 17,3% de los ocupados sufría inseguridad alimentaria; en 2024 esa proporción trepó al 22,5%.

Entre los cuentapropistas, la situación es todavía más grave, alcanzando un 31,8%. En el caso de los asalariados formales, el índice se reduce al 7,8%, aunque el informe advierte que “la baja no alcanza para ocultar la emergencia social”.

“Tener trabajo ya no garantiza escapar del hambre”

Así lo expresó Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, al remarcar que la precarización laboral y la inflación deterioran la capacidad de compra incluso entre quienes tienen empleo formal.

El informe destaca además la influencia de la educación: entre quienes no completaron el nivel secundario, el 34% enfrenta inseguridad alimentaria, mientras que entre los universitarios la cifra desciende al 4,6%. En los hogares pobres, la tasa llega al 38,6%, frente al 6,9% de los no pobres.

El Observatorio señala que la falta de aportes a la seguridad social incrementa los riesgos de hambre y que la afiliación sindical ofrece cierta protección: el 7,7% de los afiliados padece inseguridad alimentaria, frente al 9,9% de los no afiliados.

El documento concluye que “la articulación entre academia, sindicatos y organizaciones sociales resulta clave para diseñar políticas públicas que integren alimentación, empleo y protección social, en un contexto donde tener trabajo ya no asegura una vida digna”.