La Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) manifestaron su rechazo a cinco artículos centrales de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Las entidades empresarias formalizaron su posición a través de una nota conjunta enviada a gobernadores y legisladores, en la que advierten sobre el impacto negativo que tendría la iniciativa en el sistema de negociación colectiva y en la estabilidad jurídica y social.

Las tres cámaras, que representan a cerca de 1,5 millones de trabajadores y a más de medio millón de empresas y comercios de todo el país, cuestionaron que la propuesta oficial elimina aportes especiales que financian estructuras gremiales y patronales, además de debilitar los convenios colectivos de alcance nacional en favor de acuerdos de menor nivel.

Según expresaron, la reforma generaría “conflictividad jurídica y social”, además de “inestabilidad e incertidumbre”, al alterar reglas básicas del funcionamiento del sistema laboral argentino. El titular de CAME, Ricardo Diab, confirmó que el rechazo fue consensuado entre las tres entidades y aprobado por sus respectivos órganos de conducción.

Uno de los puntos que más preocupa al sector empresario es el artículo 126, que elimina las denominadas “cláusulas obligacionales” de los convenios colectivos. Estas cláusulas regulan, entre otras cuestiones, los aportes que realizan las empresas a institutos de capacitación y a entidades representativas del sector. Para las cámaras, limitar la ultraactividad solo a cláusulas normativas y excluir las obligacionales “desnaturaliza el convenio colectivo como instrumento integral, rompe el equilibrio entre las partes y debilita la negociación colectiva”.

También cuestionaron el artículo 128, que propone volver voluntarios los aportes patronales especiales establecidos en convenios colectivos y eximir de su cumplimiento a las empresas no asociadas a las cámaras firmantes. A su vez, rechazaron los artículos 130 y 131, que otorgan prevalencia a convenios regionales, provinciales o de empresa por sobre los acuerdos nacionales, incluso cuando estos últimos sean posteriores en el tiempo.

Las entidades advirtieron que este esquema fragmentaría el marco normativo de cada actividad, habilitando diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas entre trabajadores que realizan las mismas tareas, en contradicción con el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea.

El último punto objetado es el artículo 132, que faculta a la autoridad administrativa nacional a convocar la renegociación de convenios vencidos y a suspender los efectos de su homologación cuando se mantengan vigentes por ultraactividad. Según las cámaras, esta disposición otorga una discrecionalidad excesiva al Estado, afecta la autonomía colectiva y profundiza la inseguridad jurídica.

En paralelo, desde el movimiento sindical también se multiplicaron las críticas. El secretario general de la CGT Misiones, José Milciades Giménez, calificó la reforma como un intento de retroceso histórico en materia de derechos laborales y no descartó un paro nacional ante la falta de diálogo. “Lo que pretenden es esclavizar al futuro del país”, afirmó, al tiempo que cuestionó el deterioro del poder adquisitivo y la pérdida de derechos de los trabajadores.

El rechazo conjunto del comercio, la industria y el sindicalismo marca un frente amplio de resistencia a una reforma que, según sus detractores, pone en riesgo la negociación colectiva, la previsibilidad del sistema laboral y la cohesión social.