El Fondo Monetario Internacional volvió a plantear una serie de cambios tributarios para Argentina y propuso ampliar la base del Impuesto a las Ganancias, elevar la carga sobre sectores del monotributo y reducir beneficios impositivos con el objetivo de fortalecer el ajuste fiscal.

Las recomendaciones aparecen en un informe técnico incluido dentro de la documentación del programa vigente entre el organismo y el Gobierno argentino, donde el sistema tributario nacional es definido como “complejo, inestable y distorsivo”.

Entre las principales sugerencias, el FMI plantea incorporar una mayor cantidad de trabajadores en relación de dependencia al pago de Ganancias, tomando como referencia escalas vigentes años atrás. Según el organismo, al menos el 20% de los asalariados debería tributar ese impuesto.

Además, el reporte impulsa modificaciones sobre el régimen de monotributo para acercarlo a la estructura impositiva que enfrentan los trabajadores autónomos, lo que implicaría incrementos en las cuotas y la carga tributaria de pequeños contribuyentes.

El documento también recomienda eliminar exenciones y beneficios fiscales en distintos sectores económicos para incrementar la recaudación estatal. Entre las medidas analizadas aparecen cambios sobre el IVA, la reducción de regímenes especiales y actualizaciones impositivas ligadas a combustibles y tabaco.

A su vez, el organismo internacional propone fortalecer impuestos provinciales vinculados a la propiedad y considera que una reforma integral permitiría sostener el equilibrio fiscal mientras se reducen gradualmente otros tributos ligados al comercio exterior y las transacciones financieras.

En paralelo, el informe volvió a respaldar una baja de retenciones al sector agroexportador. Según las estimaciones del FMI, una reducción gradual de los derechos de exportación sobre la soja podría impulsar la producción y aumentar el ingreso de divisas.

No obstante, el debate vuelve a poner en discusión el rol de las retenciones como herramienta de recaudación y regulación del mercado interno, especialmente en un contexto marcado por restricciones económicas, caída del consumo y recortes del gasto público.

Mientras el Gobierno nacional sostiene el ajuste para mantener el superávit fiscal, las provincias continúan reclamando mayores recursos frente al incremento de demandas sociales y la paralización de obras públicas nacionales.