El oficialismo consiguió reunir las firmas necesarias en el Senado para emitir dictamen favorable a su proyecto de reforma electoral, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027. Para destrabar las negociaciones, el Gobierno nacional aceptó retirar del texto la posibilidad de implementar listas de adhesión, conocidas como colectoras, una de las modificaciones que había generado mayores resistencias entre los bloques dialoguistas.
La definición llegó después de una jornada de intensas conversaciones entre los distintos espacios políticos. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador fueguino Agustín Coto, reunió 11 firmas, una más que las diez necesarias para habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto.
El acuerdo implicó que La Libertad Avanza desistiera de incorporar las colectoras, una herramienta que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había negociado inicialmente con gobernadores radicales para conseguir respaldo parlamentario. Sin embargo, las objeciones de distintos sectores amenazaban con bloquear la iniciativa.
El dictamen reunió las seis firmas de los representantes oficialistas en la comisión: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Luis Juez, Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y María Belén Monte de Oca. También acompañaron los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez.
El respaldo decisivo llegó mediante tres firmas en disidencia, correspondientes a Alejandra Vigo, Carlos “Camau” Espínola y Flavio Fama.
Las negociaciones y las disidencias
Vigo y Espínola, integrantes del bloque Provincias Unidas, condicionaron su acompañamiento a cambios en el proyecto. La senadora cordobesa había cuestionado especialmente la posibilidad de incorporar las colectoras, al considerar que ese mecanismo podía alterar las reglas electorales establecidas por la Constitución. También había planteado objeciones a la reducción de los aportes públicos destinados a las campañas.
Por su parte, el senador catamarqueño Flavio Fama protagonizó otro momento de incertidumbre para el oficialismo. Aunque inicialmente se esperaba que acompañara el dictamen, se retiró cuando comenzó a circular el documento y regresó horas más tarde para terminar de definir las condiciones de su respaldo. Finalmente, firmó en disidencia parcial.
Qué cambios propone la reforma
La suspensión de las PASO será la única disposición transitoria del proyecto y se aplicaría exclusivamente durante 2027. El resto de las modificaciones tendrá carácter permanente si consigue la aprobación de ambas cámaras.
Entre los cambios previstos figura la eliminación de la veda electoral. La iniciativa propone derogar las restricciones que actualmente rigen sobre las expresiones políticas en medios de comunicación y redes sociales, además de las limitaciones para desarrollar determinadas actividades culturales y comerciales durante las horas previas a las elecciones.
También se modifica el régimen de debates presidenciales. El proyecto elimina su obligatoriedad y las sanciones previstas para los candidatos que no participen, como la pérdida de espacios publicitarios o la exhibición de un atril vacío. En caso de aprobarse, la decisión de organizar los encuentros quedará bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral.
En materia de financiamiento político, el texto incorpora modificaciones en los límites de los aportes públicos y privados. Además, establece una reducción del 50% en los espacios de propaganda electoral gratuitos que actualmente se distribuyen entre los partidos en radio y televisión.
La propuesta también contempla modificaciones en el sistema de elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.
Con el dictamen obtenido, el oficialismo quedó habilitado para llevar la iniciativa al recinto, donde buscará avanzar con una reforma que modifica distintos aspectos del funcionamiento electoral argentino.
El Senado también tratará la ley de Discapacidad
En paralelo, la Cámara alta tiene previsto debatir este jueves el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que busca otorgar carácter definitivo a distintas medidas contempladas en la emergencia vigente, cuyo plazo de aplicación vence a fin de año.
La iniciativa apunta a establecer un marco normativo permanente y garantizar la continuidad de prestaciones y beneficios para las personas con discapacidad.
Entre sus principales disposiciones, mantiene la compatibilidad entre las pensiones no contributivas, equivalentes al 70% del haber mínimo, y el desarrollo de un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Para acceder a esa posibilidad, los ingresos de los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) no deberán superar los dos salarios mínimos.
Además, establece mecanismos de actualización automática de los aranceles de las prestaciones, vinculados con la movilidad jubilatoria y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otro de los puntos centrales dispone que el presupuesto destinado al área de Salud no podrá reducirse en términos reales, con el objetivo de preservar los recursos necesarios para sostener las políticas de atención y acompañamiento.

