El Gobierno impulsa la continuidad del juez que avaló la reforma laboral

El Gobierno nacional avanzó con la recomendación para extender por cinco años el mandato del juez Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, luego de su reciente fallo a favor de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. La iniciativa fue formalizada por el Ministerio de Justicia, que…

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El Gobierno nacional avanzó con la recomendación para extender por cinco años el mandato del juez Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, luego de su reciente fallo a favor de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

La iniciativa fue formalizada por el Ministerio de Justicia, que elevó al Senado el pedido de continuidad del magistrado, en el marco del procedimiento previsto por la Constitución Nacional para jueces que alcanzan los 75 años y buscan seguir en funciones por un nuevo período de cinco años.

Pesino, vocal de la Sala VIII del fuero laboral, había solicitado su permanencia en el cargo, lo que activó el proceso administrativo que incluye instancias de publicidad y participación ciudadana antes de una eventual designación.

El movimiento oficial se produce apenas un día después de que el juez firmara un fallo clave que restituyó la vigencia de la reforma laboral aprobada por el Congreso en febrero. La resolución otorgó efecto suspensivo a una apelación del Estado nacional, dejando sin efecto momentáneamente una medida cautelar previa que había frenado la aplicación de la norma, en una causa impulsada por la Confederación General del Trabajo.

La decisión fue celebrada por sectores del oficialismo, mientras que desde la oposición surgieron cuestionamientos sobre la oportunidad de la recomendación, al considerar que podría interpretarse como un gesto político hacia el magistrado.

En paralelo, el Ministerio de Justicia también incluyó en la convocatoria a otro juez federal, en el marco del mismo procedimiento de revisión para magistrados que alcanzan el límite de edad establecido por la Constitución.

El caso reaviva el debate sobre la independencia judicial y los mecanismos de designación y continuidad de jueces, en un contexto de alta tensión política y reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional.