Así lo informó Manuel Adorni, quien dijo que significa “un ahorro de 21 millones 827 mil pesos”.
El Gobierno le dio de baja a la asignación de privilegios que la ex vicepresidenta Cristina Kirchner venía percibiendo por orden del presidente Javier Milei.
Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, a la vez que indicó que se le quita “tanto la personal como la derivada por pensión” por el fallecido Néstor Kirchner y que esto significa “un ahorro de 21 millones 827 mil pesos”.
Según señaló Adorni, la medida -tomada en conjunto con ANSES y el Ministerio de Capital Humano, presidido por Sandra Pettovello- tiene que ver con el fallo en contra de la ex presidenta que tomó este miércoles la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad, y que confirmó la pena de seis años de prisión a Cristina Kirchner e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
“La señora Cristina Kirchner fue condenada como autora del delito de acción fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, indicó y sumó: “La jubilación al exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aun si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.
“Esto es nada más y nada menos que otorgar un manto de cordura a la gestión publica; durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, ratificó.
Asimismo, el portavoz adelantó que la vía judicial “es una posibilidad certera”, que podría tomar Cristina, pero aclaró que la expresidenta va a continuar percibiendo una jubilación y una pensión “de acuerdo a sus aportes y no al adicional por privilegios”.
Por su parte, el comunicado de la cartera de Capital Humano indicó que la medida “no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia”, sino una “necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Y añadió: “Haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como Presidente de la Nación torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial. Tales premisas no pueden ser sostenidas frente a la sentencia de Casación Penal”.
“Es preciso destacar la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores”, cerró.