Tras la filtración de audios que involucraron al ex funcionario Diego Spagnuolo y una serie de denuncias por irregularidades, el Gobierno nacional concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y transfirió todas sus funciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

La decisión, que venía analizándose desde que se detectaron maniobras irregulares dentro del organismo, fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien anunció que la agencia dejará de existir como ente descentralizado y que sus atribuciones pasarán a la órbita de Salud. Aclaró, además, que no se recortarán ni eliminarán prestaciones para las personas con discapacidad. El hasta ahora interventor Alejandro Vilches asumirá como secretario dentro del ministerio.

Desde la Casa Rosada, Adorni justificó la medida al señalar que la Andis, creada en 2017 para coordinar políticas públicas en discapacidad, acumuló con el tiempo “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, amparados en la autonomía administrativa del organismo.

Según detalló, las auditorías detectaron graves irregularidades, como pensiones que continuaban pagándose a personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, avales médicos sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios inexistentes. Como ejemplo, mencionó a la Fundación METAS, que declaraba brindar apoyo escolar pero funcionaba en una vivienda precaria, sin servicios básicos, donde solo se hallaron escombros, suciedad y excremento de roedores.

El funcionario sostuvo que la absorción de las funciones por parte del Ministerio de Salud permitirá garantizar trazabilidad en los expedientes, auditorías permanentes y criterios sanitarios en la toma de decisiones. También anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica.

Adorni insistió en que la medida no implica la baja de pensiones ni de prestaciones y remarcó que se busca evitar interpretaciones erróneas o “información alejada de la realidad”.

La decisión generó un fuerte rechazo en la oposición. Legisladores y dirigentes de distintos espacios cuestionaron el cierre de la Andis y acusaron al Gobierno de intentar “esconder la mugre debajo de la alfombra” tras el escándalo de presuntas coimas.

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, afirmó que la disolución del organismo busca “borrar las huellas de las coimas” y la enmarcó en lo que calificó como “un plan de impunidad”. En la misma línea, el ex presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, consideró que la medida es un “retroceso grave” y advirtió que la discapacidad no puede abordarse solo desde una mirada sanitaria, sino también social, educativa y laboral.

Por su parte, el diputado Itai Hagman sostuvo que, tras la difusión de los audios y las denuncias de corrupción, el Gobierno intenta ocultar responsabilidades cerrando la agencia. Afirmó que no se podrá borrar “la inmoralidad de robarle a las personas con discapacidad”, especialmente luego de un ajuste que calificó como sin precedentes en pensiones y prestaciones.