El Ejecutivo nacional resolvió disolver dos nuevos fondos fiduciarios: el Fondo de Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Con esta medida, ya suman 24 los fideicomisos eliminados por la actual gestión.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial en la red social X. Según detalló, la decisión responde a presuntas irregularidades, baja ejecución presupuestaria y escasa eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos.
Críticas a la ejecución de los fondos
Adorni sostuvo que el FONDOTEC utilizó apenas 33 millones de pesos de los más de 28.000 millones asignados entre 2022 y 2023, lo que se consideró una subejecución marcada de los recursos públicos.
En cuanto al FISU, el vocero denunció que el fondo adquiría terrenos contaminados, asignaba obras a cooperativas sin antecedentes técnicos y no cumplía con los plazos previstos para su ejecución.
Qué eran el FONDOTEC y el FISU
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) fue creado en 2019, durante la presidencia de Alberto Fernández, bajo la órbita de la Secretaría de Integración Socio Urbana, que dirigía Fernanda Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Su finalidad era financiar obras de urbanización en barrios populares registrados en el ReNaBaP, utilizando recursos del Impuesto PAIS, el aporte solidario extraordinario de grandes patrimonios y fondos de organismos internacionales.
Por su parte, el FONDOTEC tenía como misión financiar proyectos científicos, tecnológicos y de innovación desde su creación en 1990 a través de la Ley 23.877. Contaba con recursos del Tesoro Nacional y créditos internacionales, pero en los últimos años, según el Gobierno, su funcionamiento fue altamente ineficiente.
Política de recorte y revisión
El cierre de estos fondos se inscribe en la política de revisión y reducción del gasto público que impulsa el Gobierno nacional, con foco en la eliminación de estructuras consideradas ineficaces o superpuestas. Las medidas han sido justificadas como parte de una estrategia de transparencia y reorganización del Estado, aunque también han generado críticas desde sectores científicos y sociales que advierten sobre el impacto negativo en áreas sensibles.