Con el fin de frenar el impacto sobre la inflación, el Ministerio de Economía comunicó en la noche de este martes que publicará un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se postergará la fecha en la que tendrá efecto la actualización correspondiente al Impuesto a los Combustibles. Además, el gobierno de Javier Milei decidió suspender por el momento los aumentos de tarifas de gas y luz que tendrían que aplicarse a partir de mayo.
Las novedades se conocen luego de la aprobación general y en particular de los capítulos de la “Ley Bases”, que profundiza el plan de ajuste de la administración ultraderechista.
A partir de este miércoles, debía empezar a regir la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad que el Gobierno diseñó para que los aumentos otorgados no queden atrasados respecto de la inflación.
En cuanto a los combustibles, a partir de la norma que se publicará en el Boletín Oficial, el Gobierno definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024.
Falta de precisiones
Sin embargo, los entes reguladores Enargas y ENRE no publicaron los nuevos cuadros tarifarios a la espera de una definición de la cartera a cargo de Luis “Toto” Caputo.
Los organismos ya tenían calculado cuánto sería la suba que le correspondería a las empresas: 10,69% para las distribuidoras eléctricas, 12,5% para las distribuidoras de gas y 12% para las transportistas de gas. Ahora todo quedó en suspenso.
Economía debía definir si avanzaba con una quita de subsidios para los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3) en gas y electricidad; si aumentaba el costo que pagan los comercios, industrias y hogares de ingresos altos, y si autorizaba el ajuste mensual de tarifas para las empresas.
Al final, nada de esos sucederá y todo continuará como estaba o peor, ya que la inflación y la devaluación mensual se mantiene al ritmo del 7% y 2% mensual y cada vez más los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios demandan más subsidios.