El Gobierno nacional planea reactivar, una vez finalizado el receso invernal, una nueva batería de proyectos orientados a profundizar la desregulación de la economía. Entre las iniciativas que busca impulsar aparecen una reforma integral del Código Aduanero y una modificación del marco regulatorio del mercado inmobiliario, dos propuestas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Las medidas se sumarían a otros proyectos que el oficialismo pretende llevar al Congreso, como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la reforma del régimen de Zonas Frías y la reforma electoral.

Cambios para el sector inmobiliario

Uno de los proyectos apunta a modificar el funcionamiento del corretaje inmobiliario. La iniciativa propone dejar de considerar esta actividad como una profesión liberal para pasar a definirla como un servicio de intermediación comercial.

Entre los cambios que analiza el Gobierno figuran la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en los colegios profesionales, el fin de las restricciones para operar entre distintas provincias y la reducción de las facultades de los colegios inmobiliarios para controlar y sancionar a los corredores.

Desde el sector que impulsa la reforma sostienen que el sistema vigente limita la competencia y genera barreras de ingreso para quienes desean desarrollar la actividad.

Uno de los referentes que colaboró con el proyecto fue Jorge Amoreo Casotti, CEO de la empresa Proptech Pint, quien cuestionó el actual esquema regulatorio y afirmó que la matrícula obligatoria “no garantiza ética ni calidad del servicio”, sino que constituye una herramienta para restringir la competencia.

Reforma del Código Aduanero

En paralelo, el Ejecutivo también trabaja en una profunda modificación del Código Aduanero con el objetivo de simplificar los procedimientos del comercio exterior y reducir la burocracia.

Según trascendió, el borrador contempla una flexibilización de controles administrativos, una reorganización de las estructuras operativas y cambios en la tipificación y las sanciones vinculadas al delito de contrabando.

La intención oficial es agilizar tanto el ingreso como la salida de mercaderías y avanzar con un esquema de mayor desregulación en las operaciones aduaneras.

Preocupación sindical

La posible reforma ya comenzó a generar cuestionamientos desde el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA).

Desde la organización advirtieron que una modificación estructural sin participación de los trabajadores podría debilitar los mecanismos de control del Estado sobre el comercio exterior y afectar las tareas de fiscalización.

Además, señalaron que la Aduana cumple un rol estratégico en la protección de la producción nacional, la recaudación fiscal y la prevención del contrabando, por lo que reclamaron reforzar los controles fronterizos en lugar de flexibilizarlos.

En ese sentido, el gremio aseguró que mantiene coincidencias con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), entidad que también manifestó preocupación por el crecimiento del comercio ilegal y las pérdidas económicas que genera el contrabando para el Estado y la industria nacional.