El secretario de Transporte, Franco Mogetta, ratificó este viernes que Aerolíneas Argentinas “se privatiza o se cierra” y amenazó con nuevos despidos en la empresa Intercargo, luego del sorpresivo paro del jueves por el cual el Gobierno anunció que ya echaron a 15 empleados.
El funcionario ratificó que están investigando a las personas que estuvieron involucrados en la medida de fuerza en el Aeroparque Jorge Newbery y explicó que la empresa “no existe más como la conocíamos”. Acerca de la línea aérea de bandera sentenció: “No va a tener más el fondeo que tiene el Estado”.
“Estamos investigando bien lo ocurrido ayer pero por supuesto donde detectemos responsables lo vamos a sancionar como lo venimos haciendo en estos días”, señaló en un primer momento Mogetta. Para luego apuntar contra los sindicalistas quienes según su visión son “los que están escalando el conflicto y llevando esto a una situación absurda, perjudicando a todos sus trabajadores agremiados que van a quedar sin fuentes de trabajo y se ven privados de tener un aumento por el capricho”.
“El Intercargo que conocimos hasta principios de esta gestión ya no existe más. Los 1.500 trabajadores van a tener que ser empleados de una empresa que va a competir con otras, que es la línea de este gobierno. No se está pensando en más que eso”, manifestó el secretario al momento de defender la políticas del Gobierno de la libre competencia en el mercado.
En el mismo sentido, ratificó que “estamos en el proceso de privatización, es una de las empresas que ha quedado en el listado y en cuanto sea posible de acuerdo a las propuestas que tengamos lo vamos a llevar a cabo”.
En una entrevista con Radio Mitre, Mogetta hizo referencia sobre el final a los planes del Gobierno con Aerolíneas Argentinas: “Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado”.