El gobierno de Javier Milei volvió a ceder sin cargo bienes incautados por la Aduana a la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (Conin), una organización dirigida por el médico ultraconservador Abel Albino, conocido por sus posturas contrarias a la evidencia científica y tristemente recordado por haber asegurado en 2018 que “el virus del Sida atraviesa la porcelana”, durante una audiencia sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
La medida fue oficializada a través de la Disposición 29/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, y comprende mercadería incautada por las Aduanas de Concordia y Gualeguaychú. Se enmarca en el régimen previsto por la Ley 25.603, que autoriza la entrega de bienes decomisados con fines sociales cuando existan condiciones de emergencia.
Esta no es la primera vez que el gobierno libertario favorece a la fundación mendocina: meses atrás ya había sido beneficiada con bienes similares y, en junio de 2024, recibió una parte sustancial de los cinco millones de kilos de alimentos retenidos durante meses en depósitos del Ministerio de Capital Humano. De esos productos, cerca de 400 mil kilos de leche en polvo fueron asignados a apenas 22 centros de Conin, mientras que los más de 40.000 comedores populares de todo el país quedaron excluidos.
Polémicas y cuestionamientos
La Fundación Conin, señalada por sus vínculos con sectores empresariales ligados a la alimentación y grandes supermercados, sostiene centros de atención y comedores en distintas provincias. Según la versión oficial, los insumos solicitados serían distribuidos entre personas en situación de vulnerabilidad que asisten a esas sedes.
No obstante, el accionar de la fundación ha sido cuestionado por diversos sectores sociales, tanto por su sesgo ideológico como por denuncias sobre prácticas discriminatorias y falta de controles. En 2024, parte de los alimentos que le fueron otorgados aparecieron a la venta en plataformas digitales como Marketplace, desatando una fuerte polémica.
La entrega fue justificada por el gobierno bajo el artículo 4° de la ley 25.603, que autoriza este tipo de asignaciones a entidades con fines sociales, aunque con la condición expresa de que los bienes no puedan ser comercializados por un plazo mínimo de cinco años. Sin embargo, hasta ahora no se han difundido controles sobre el destino final de los productos.
La nueva cesión a Conin vuelve a encender las alarmas sobre el manejo discrecional de recursos estatales en un contexto de fuerte ajuste sobre políticas alimentarias y sociales.