En el marco de las investigaciones paralelas derivadas del atentado fallido contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, surgieron avances clave que respaldan las denuncias impulsadas por su equipo legal. Un informe pericial determinó que la firma Caputo Hermanos pagó sobreprecios a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, mientras nuevos testimonios debilitan las sospechas de un supuesto encubrimiento por parte de la Policía Federal Argentina.
Desde el inicio del proceso, los abogados de la expresidenta reclamaron que se profundizara la búsqueda de posibles autores intelectuales del atentado y se investigaran los flujos de financiamiento de Revolución Federal, organización vinculada al tirador Fernando Sabag Montiel.
Los pagos bajo la lupa
Según reconstruyó el medio Ámbito, el foco de la investigación apunta a los hermanos de Luis “Toto” Caputo, actual ministro de Economía, quienes habrían abonado sumas millonarias a Morel para equipar un edificio en Neuquén, a pesar de que su carpintería, de escasa trayectoria, operaba en San Isidro. Las transacciones coinciden temporalmente con las primeras acciones violentas de Revolución Federal contra referentes del oficialismo.
El Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales analizó 16 operaciones comerciales y concluyó que los precios facturados superaban entre un 10% y un 20% el valor real de mercado, sin considerar los costos logísticos del transporte de la mercadería.
Testimonios que descomprimen sospechas
En paralelo, la jueza María Eugenia Capuchetti inició una nueva ronda de declaraciones para esclarecer el rol de efectivos de la Policía Federal en el manejo de pruebas clave, como el teléfono de Sabag Montiel. La comisaria mayor Sandra Judith Carral Leiva, de la Dirección General de Investigaciones Internas de la PFA, aseguró bajo juramento que no existieron presiones para alterar sumarios administrativos internos.
En una audiencia reciente, el fiscal Carlos Rívolo cuestionó a los abogados del diputado del PRO, Gerardo Milman, quien había deslizado en medios de comunicación que se conocerían detalles comprometedores sobre la autoría del atentado. Ante la consulta directa del fiscal sobre posibles irregularidades en las investigaciones internas, los letrados de Milman optaron por el silencio.
Un camino hacia las imputaciones
Por otro lado, El Destape publicó declaraciones de Rodolfo Yanzón, abogado querellante en representación de la vicepresidenta, quien sostuvo que “se les complica justificar los pagos a los integrantes de Revolución Federal”, anticipando posibles avances hacia una imputación formal contra Hugo, Flavio y Rossana Caputo, hermanos del actual ministro de Economía.
Jonathan Morel, cofundador de Revolución Federal, fue procesado junto a Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra por “incitación a la violencia colectiva”. Los pagos realizados a su taller coinciden con la creación de la organización y el despliegue de actos de violencia política.
La investigación sigue su curso y se espera que, en las próximas semanas, la causa avance sobre las conexiones económicas que habrían sostenido el accionar de la agrupación extremista.